El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, Sebastián Ledesma, ha afirmado este martes que están recabando información sobre lo ocurrido en la piscifactoría de Aguamansa y los riesgos que la “mala gestión” habrían ocasionado a la salud pública a través del consumo del agua de abasto, hasta el punto de que “si es necesario”, se elevará denuncia ante la Fiscalía.
Además, ha mostrado su convencimiento de que el consejero de Medio Ambiente de la corporación, José Antonio Valbuena, “tenía abandonada la piscifactoría de Aguamansa, recientemente clausurada, en una actitud irresponsable que podría haber puesto en riesgo la salud de los ciudadanos”.
Ledesma aseguró que en los primeros momentos, cuando apareció en los medios informativos que el agua de las instalaciones estaba contaminada con antibióticos que llegaban al canal para agua de consumo humano, nadie en la corporación era capaz de responder a todas las preguntas que suscitaba un hecho tan grave.
“Después se supo que el responsable era el socialista Valbuena, porque la piscifactoría estaba gestionada directamente por la corporación a través del servicio de Gestión Forestal y aún así”, según puso de relieve, “el consejero que había hecho dejación de sus responsabilidades seguía sin dar la cara porque, al parecer, disfrutaba de sus vacaciones”.
Según Ledesma, “nadie sabía lo que realmente estaba pasando allí, ni siquiera el propio José Antonio Valbuena“, ya que un día después de que el consejero socialista “hiciese una pequeña pausa en sus vacaciones para emitir un breve comunicado sobre el gravísimo problema que se había detectado en Aguamansa”, se procedió a la clausura de las instalaciones tras una inspección de Salud Pública, departamento dependiente del Gobierno de Canarias.
En esa línea, señaló que “algo tuvo que detectar allí Salud Pública sobre el terreno para que se procediera al cierre sumarísimo de las instalaciones pese a los tibios e inútiles desmentidos de Valbuena”.
“TOTAL OSCURANTISMO”
Por ello, el portavoz popular recordó que fue un informe de Salud Pública del 19 julio el que advertía de que se estaba tratando a las truchas con un antibiótico derivado del cloranfenicol cuyo uso está prohibido en humanos y que permanecía en el agua que se utiliza para el consumo de la población en algunos municipios de la vertiente septentrional de la isla y en parte del área metropolitana.
“Puedo suponer por el discurrir de los acontecimientos que en Aguamansa no se habían tomado las medidas que se habrían reclamado por Salud Pública a raíz del informe del 19 de julio”, concluyó Ledesma.
Con todo, lamentó el “total oscurantismo” que se cierne sobre la piscifactoría de Aguamansa, “para la que no figura partida alguna en los presupuestos”, y se desconoce cómo se gestionaba, como se comercializaban los peces, el número de visitas turísticas que recibía ni cuál era su cuenta de resultados.
“Nos tememos cualquier cosa cuando se descubra el pastel y, dadas las circunstancias, no podemos sino alegrarnos del cierre de las instalaciones, aunque tenemos que criticar, como han hecho los vecinos del entorno, el trato que se les dio a los animales, a los que se dejó morir con crueldad y a la vista de todos como si se tratara de un espectáculo”, subrayó.
Por su parte, el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, va a pedir explicaciones sobre la gestión de la piscifactoría en la comisión de sostenibilidad del próximo viernes.
“Resulta conocido que los residuos de antibióticos ingeridos de forma incontrolada, podrían llegar a tener consecuencias negativas para la salud humana y la de otros seres vivos”, destaca en una nota, y matiza que aunque desde el Gobierno insular “se ha afirmado con cierta improvisación que este hecho no tiene mayor trascendencia, dado que el agua de abasto urbano se somete a tratamientos que garantizan su potabilidad, esta explicación resulta poco convincente”.
POR QUÉ SE MANTENÍA ABIERTA, SE PREGUNTA PODEMOS
La realidad, sin embargo, es que tales tratamientos “pueden eliminar la contaminación bacteriana” –vinculada a la presencia de materia orgánica y a posible contaminación fecal como la derivada, entre otras fuentes, de los excrementos y residuos generados por las truchas– “pero ni la cloración ni otros tratamientos convencionales como la decantación o el tamizado garantizan la eliminación de residuos químicos ni de trazas de medicamentos sintéticos”, sostuvo.
Sabaté subrayó también que por ello “es lógico” que expertos en la materia, la ciudadanía y el grupo Podemos demanden información detallada y convincente, por ejemplo, sobre los riesgos y problemas que podían derivarse de la ingestión humana de esos antibióticos.
Apuntó que, además, en la pregunta que ha dirigido al consejero insular responsable de estas instalaciones con el propósito de iniciar una deliberación política durante la próxima comisión plenaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad, plantea incógnitas sin resolver como la de quién ha estado tomando la decisión de medicar a las truchas.
“¿En esa decisión intervino personal especializado y competente, como por ejemplo un veterinario facultativo?”, pregunta Sabaté.
Entre otras dudas, hizo hincapié en la de qué utilidad real había tenido desde el punto de vista económico, social y medioambiental que una administración pública mantuviera una piscifactoría para una especie como la trucha, por completo exógena a los ecosistemas del archipiélago.
“Si en algún momento llegó a existir alguna justificación para su creación, algo que desconocemos y que nos gustaría saber, ¿qué sentido tiene que esta piscifactoría haya pervivido hasta que un medio de comunicación la ha puesto en tela de juicio?”, apuntó.
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