El PP no se lo va a poner fácil al Gobierno de Canarias para aprobar los presupuestos autonómicos de 2018. Lo avisó a finales de agosto el portavoz de Economía del grupo Popular, José Estalella, que condicionó el apoyo a una rebaja de impuestos, fundamentalmente del IGIC. Ayer, en la comisión parlamentaria, el diputado Miguel Jorge advirtió a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, de que el PP no va a firmar ningún “contrato de adhesión” al presupuesto de 2018 y avisó de que si quieren sus votos deberá abrir una negociación. “Con los ojos cerrados no vamos a firmar nada”, recalcó durante una comparecencia de Dávila solicitada por Podemos. Jorge insistió en reclamar una rebaja del IGIC, ya que tiene una “recaudación récord”, para que se devuelva el “esfuerzo” que han realizado los ciudadanos”
Rosa Dávila anunció que su intención es dialogar con todos los grupos parlamentarios en torno a unos presupuestos “expansivos en lo social y en inversión pública, pero contenidos en el gasto corriente, y ha mostrado su disposición a rebajar los impuestos”. El Ejecutivo pretende “reducir y bajar los impuestos a las familias, a las pymes, a los autónomos y las personas que han hecho más esfuerzo y que han visto reducida su capacidad de renta”, avanzó. “No así a las grandes empresas”, puntualizó.
Noemí Santana transmitió la disposición de Podemos a negociar si el Gobierno decidiera dar un giro a la izquierda en políticas a favor de los servicios públicos y la generación de empleo. Pese a que “hay otras alternativas progresistas”, Santana vaticinó que buscará la complicidad del PP y del grupo mixto. Santana defendió un aumento de los ingresos mediante una subida del IGIC a los productos de lujo, la persecución del fraude fiscal y la reintroducción del impuesto de sucesiones para las bases liquidables por encima de 300.000 euros. Dávila respondió que la Comunidad Autónoma tuvo que aplicar “recortes y ajustes” desde 2010; sobre todo, en gastos de personal y en gastos corrientes, pero que el escenario es ahora “completamente distinto”. Desde 2016, argumentó, “se ha podido crecer en el gasto en sanidad, educación y políticas sociales y en 2018 el presupuesto “va a ser más expansivo” y orientado a dos objetivos: los servicios públicos esenciales “para llegar a cifras anteriores a la crisis” y “el incremento de la inversión publica para la creación de empleo”.
La consejera prometió “diálogo” para intentar “incorporar desde el principio las propuestas de los grupos parlamentarios”. Dirigiéndose al diputado del PP, Dávila reiteró su disposición a hablar, “pero con todos los grupos políticos”.
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