las ong, sobre los datos de miseria en las islas (2)

Cáritas y Cruz Roja reclaman al Parlamento medidas urgentes contra la pobreza y los bajos salarios

La ONG cristiana, desbordada por la demanda de ayuda, exige la subida del sueldo mínimo al menos hasta los 800 euros y ambas organizaciones humanitarias piden al Parlamento canario medidas urgentes contra la precariedad laboral
Una persona sin techo duerme en un banco de una calle de Tenerife. / FRAN PALLERO

Dos de las mayores organizaciones humanitarias, Cáritas y Cruz Roja, confirman, con su experiencia a pie de la realidad, la alarmante estadística: el 44,6% de los canarios vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Es la llamada tasa Arope que elabora con datos oficiales la Red Europea EAPN, formada por ONGs, y que coloca a Canarias como sexta región europea con mayor porcentaje de población en esta situación socioeconómica, y la primera en España.

Este indicador en Canarias es casi el doble de la media europea y 16,7 puntos superior a la media nacional, lo que ha motivado que el martes el Parlamento autonómico celebre un pleno monográfico sobre este asunto solicitado por todos los grupos de la oposición.

Tan crudo panorama mantiene en alerta a las asociaciones humanitarias, que, como Cáritas y Cruz Roja reclaman al Parlamento canario medidas contundentes no solo contra el aún alto desempleo sino contra la precariedad laboral, ya que atienden a muchas personas y familias que no pueden salir del umbral de la pobreza pese a tener trabajo, debido a los bajos salarios y la corta duración de los contratos .

Al director provincial de Cáritas, Leonardo Ruiz del Castillo, le resulta insoportable que 980.000 personas en Canarias vivan al borde la pobreza y la exclusión y asegura que “no se puede hablar de ningún tipo de mejoría económica en Canarias ni que hayamos salido de la crisis” porque ya “estamos peor incluso que Andalucía, que siempre había tenido peores datos que nosotros”.

A su juicio, el gran problema son los “ridículos sueldos, que la gente tiene que aceptar porque están en extrema necesidad” y reclamó por ello al Parlamento canario “que se implique más y rápido para aprobar medidas y que se publiquen cuanto antes en el Boletín Oficial de Canarias, porque la gente no puede esperar más”.

Exige el veterano dirigente de Cáritas que se incremente el salario mínimo interprofesional al menos hasta los 800 euros así como rebajas fiscales a las pymes “porque no puede ser que paguen más que las grandes empresas”. Ruiz del Castillo constata un aumento de la demanda de ayuda seste año (el pasado Cáritas atendió a 20.000 familias en la provincia), aunque confiesa que la ONG no tiene capacidad de atender a más.

RUÍZ DEL CASTILLO (CÁRITAS): “CON TANTO TURISMO, NO SE EXPLICA TANTA POBREZA”

Leonardo Ruiz del Castillo, director provincial de Cáritas. / SERGIO MÉNDEZ

El director de Cáritas en la provincia  no se anda con rodeos: “Con los hoteles a tope de turistas, no tiene sentido, no se explica, que haya tantos pobres en Canarias; alguien tendrá que tomar medidas porque esto no puede seguir así”.

Ruiz del Castillo se pregunta “dónde está la mejoría” de al que algunos hablan, si además el empleo que se crea es precario. “Muchos contratos hoy son una estafa al trabajador, al que se contrata por cuatro horas y trabaja ocho; y a la gente no queda mas remedio que aceptarlo porque no hay otra cosa”, afirma el directivo de la organización humanitaria cristiana, quien subraya que estamos en la época de “la pobreza del trabajador”, no solo del parado.

Es partidario de que se tomen ya soluciones contundentes, “porque este es un asunto urgente en el que el Parlamento canario tiene que aprovechar el pleno del martes para tomar medidas”. Desde su punto de vista, acabar con la precariedad laboral debe ser una prioridad política, pues “en Canarias, muchos empresarios para poder competir y vender, debido a los costes de la insularidad, opta por bajar los sueldos, pero muchos nunca reducen los beneficios”.

Por ello, sostiene que sería necesario una reforma fiscal que redujera los impuestos, e incluso las cotizaciones, a las pequeñas y medianas empresas, y, a cambio, se eliminaran temporalmente los incentivos a las grandes, “para que pagaran más por sus beneficios, porque no es normal que una pyme pague igual o menos que una multinacional, lo cual hace que los pequeños empresarios no se atrevan a contratar a más trabajadores”.

En esta línea crítica, el director provincial de Cáritas también atribuye esta situación a la reforma laboral aprobada en 2012 , pues “ya no valen los convenios colectivos” y el empresario puede pagar salarios más bajos de los negociados.

Como ejemplo de esta precariedad salarial, Ruiz del Castillo menciona el caso de una multinacional de gran superficie comercial que paga 200 euros menos a las cajeras en Canarias que en la Península, y con diferencia también entre las dos provincias canarias.

No se olvida tampoco de las camareras de piso, y reprueba sus condiciones laborales en hoteles “que están en manos de empresas que no se dejan el dinero en Canarias”. “El boom turístico lo tenemos desde hace años y y no se ha creado el empleo que correspondería en este sector”, lamentó el directivo de Cáritas.
Crítico se mostró también con las estadísticas del paro, pues “decenas de miles de trabajadores inmigrantes se han ido durante los años de la crisis, y eso hace que parezca que ha descendido más el desempleo”.

Sobre medidas anunciadas por el Gobierno canario, se congratula de que vaya ya a trámite parlamentario la nueva Ley de Servicios Sociales, pero observó que la vigente desde 1987 “no se desarrolló en muchos aspectos”. Apunta, como ha hecho el propio presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, “que esta nueva ley no a servir para acabar con la pobreza”. En este sentido, Ruiz del Castillo cree que tendrán efectos positivos la futuras leyes del Tercer Sector y la de Cláusulas Sociales.

NAZCO (CRUZ ROJA): “LOS POBRES, CADA VEZ MÁS POBRES, NOS PIDEN MÁS AYUDA”

Olga Nazco, responsable del Programa de Personas en Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja. / DA

En Cruz Roja, que ayuda a 17.000 personas en esta provincia, la tasa Arope no le ha asombrado porque es la realidad que vive día a día. “Este año atendemos tres veces a la misma familia que antes nos pedía ayuda solo una vez, con lo cual los pobres son aún más pobres”, explica Olga Nazco, responsable provincial del Programa de Programa de Personas en Situación de Extrema Vulnerabilidad. “El Parlamento canario”, en su opinión, “debería aprobar medidas para crear empleo y con mejores condiciones laborales y salarios”.

Nazco conoce de primera mano  la realidad de las familias empobrecidas. “La realidad no se puede camuflar, no se puede discutir que la tasa Arope refleja un problema social preocupante, y pese que la actividad económica no sólo no ha descendido, sino que el turismo está en auge, el 44,6% de la población está en riesgo de pobreza, la porcentaje más alto de España”.

Esta ONG, presente en todos los municipios, constata que los pobres son cada vez más pobres, y por ello, “aunque en 2016 se redujo un poco el número de usuarios, sin embargo se triplicó el número de veces que acudían por ayuda”. Nazco pone de relieve que con la crisis económica y la precariedad laboral hay “un nuevo perfil de pobres: familias en que hay personas que trabajan, pero con salario bajos y horarios reducidos, con lo cual no llegan a final de mes a pesar de tener un sueldo”.

Y es que se considera que está en pobreza severa quien gana menos de 342 euros al mes y en pobreza los hogares que tienen que vivir con menos de 684 euros por miembro. Esta precarización hace que “mucha gente con empleo no puede salir de la pobreza”.

Por todo ello, la responsable del programa de Cruz Roja para personas en extrema vulnerabilidad social y económica mantiene que el pleno del Parlamento canario previsto para el martes “debería aprobar que se invierta en políticas de empleo más efectivas y que logren sacar a las personas de este drama, pues tienen que ser autónomas económicamente; y también invertir en políticas sociales”.

Confía además en que las futuras leyes de Servicios Sociales y del Tercer Sector “hagan que funcione mejor el colectivo de entidades que trabajan con los más vulnerables, y es un paso más para poder trabajar en red”.

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