Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (PP, AIS-CC, AUPG-Sí se puede y Vecinos por Tenerife-CCD) se retiraron ayer del pleno extraordinario que ellos mismos convocaron para analizar la continuación de la personación del Consistorio como acusación particular en la causa seguida contra la alcaldesa, Fidela Velázquez, y el concejal de Hacienda, Cayetano Silva, ambos del PSOE, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Los hechos se remontan a 2015 cuando el Ayuntamiento abonó 4.220 euros en concepto de indemnización a un medianero que trabajaba en una finca adquirida por éste. Un acuerdo que, recordó, la regidora, fue consecuencia de un incumplimiento del exconcejal de AIS-CC José Luis Martín, en el mandato 2003-2007, pero que según la oposición no se debió pagar con dinero público y por lo tanto, pide que se investigue.
La sesión comenzó con la petición del portavoz nacionalista Marco Antonio Abreu, de que hablaran todos los representantes de los partidos políticos, pero la regidora se negó y explicó que el grupo Mixto está constituido por tres diferentes (PP, AUP-Si se puede, y Vecinos por Tenerife-CCD) y ya los servicios jurídicos le habían advertido que solo debían pronunciarse los portavoces.
Abreu le recriminó a Velázquez que no había convocado una junta de portavoces, un requisito que según ella no era necesario dado que el pleno constaba de un único punto requerido, además, por la oposición. También insistió en que tanto ella como Silva estaban imputados y pendientes de juicio oral y por lo tanto, no estimó conveniente que tomaran decisiones en la Junta de Gobierno, algo que la regidora desmintió.
Pasados los diez minutos, el ambiente se fue tensando. Eso llevó a que el grupo de gobierno hiciera un receso de cinco minutos y la oposición otro posterior en el que decidió retirarse y no debatir su propia propuesta ante la negativa de la alcaldesa.
El portavoz del PSOE, Ezequiel Domínguez, intentó poner orden y le preguntó a la secretaria municipal si era oportuno que el pleno aprobase una “encomienda de gestión”, tal y como se refleja en la propuesta, y ésta ratificó que no era un órgano colegiado para contratar de acuerdo a la normativa.
Sin embargo, Marco Antonio Abreu se empeñó en que en su momento se acordó por unanimidad que se siguiese la acusación particular, pero en mayo se cumplió el plazo del contrato del letrado y no se trasladó al Pleno. El jurista al que se le encomendó la defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento es Pedro González Delgado, concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
“Hay una censura obvia y un bloqueo del Consistorio desde hace meses”
Lo ocurrido ayer en el pleno deja abierta la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento ramblero, gobernado en minoría por el PSOE. “Hay una moción de censura obvia y un bloqueo de esta administración desde hace meses”, sostuvo Fidela Velázquez al finalizar la sesión. A su juicio, no se ha producido por dos motivos fundamentales; porque son demasiados grupos para ponerse de acuerdo en quién encabeza la Corporación y porque en el actual gobierno hay solo dos personas que cobran de las arcas municipales.
Pero a Velázquez, que se enfrentaría a su segunda reprobación, no le importaría dejar el sillón de la Alcaldía. “Ya lo dije en la toma de posesión. Lo piden los ocho por escrito y nos vamos, ni siquiera es necesario debatir y hacer sufrir más a este pueblo”, declaró.
La regidora subrayó que hasta el momento “ha aguantado demasiados chantajes” por parte de todos los grupos “que están haciendo valer muy caro su voto” al ser mayoría en el Pleno.
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