Inasequibles al desaliento, que en este caso son las reiteradas críticas de la oposición y el rechazo que suscitan estas prácticas entre la ciudadanía. Pese a todo, Coalición Canaria sigue enchufando en las administraciones donde gobierna a concejales de su partido que se ven apartados del poder (por lo general, a cuenta de una moción de censura) o, simplemente, están en la oposición tras el veredicto de las urnas. Como ocurre con los tres casos que hoy nos ocupan, los enchufados siempre son concejales, en esta ocasión de Arrecife, municipio donde a primeros del mes en curso se rompió el pacto por el que cinco ediles de CC gobernaban junto al PSOE, que conserva la Alcaldía en la persona de Eva de Anta.
En apenas tres semanas, tres de esos cinco concejales de Coalición ya tienen otro cargo público remunerado, uno de ellos en el Gobierno de Canarias y los dos restantes en el Cabildo de Lanzarote.
Los nuevos
En lo que respecta al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, la nueva enchufada es Ascensión Toledo, quien ha sido designada como directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.
Tal y como recoge el Boletín Oficial de Canarias, su nombramiento se ha producido a propuesta del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, “previa deliberación del Gobierno” en una sesión celebrada el pasado martes, día 26. Unos días antes, dos de sus compañeros en el grupo municipal coalicionero de la capital conejera ya conocían su nuevo destino. Se trata de Rafael Juan González y Jacobo Lemes, ahora nombrados consejero no electo del Cabildo de Lanzarote y asesor de Presidencia de dicha Corporación insular, respectivamente.
Tanto en el caso de Toledo como en el de González, tendrán que abandonar su acta como concejales en Arrecife, al ser incompatible con los nuevos cargos.
Por la pobreza
Estos enchufes son práctica habitual en Coalición Canaria. Sin ir más lejos, DIARIO DE AVISOS desveló a mediados del mes pasado que un concejal de CC en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), José Manuel Moreno Pérez, cobra desde al menos el pasado mayo más de 2.250 euros al mes en calidad de “ayudante de la Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación” del Comisionado de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, a cuyo frente está otro antiguo edil del referido ayuntamiento.
En cuanto a José Manuel Moreno, no es que CC haya perdido el poder en Santa Lucía de Tirajana, sino que, sencillamente, no contó con los votos suficientes para acceder al mismo en las elecciones de 2015. Pero hay más enchufes en lo que va de actual mandato. Una moción de censura presentada por ediles del PSOE y Unión Frontera en el Ayuntamiento herreño de La Frontera prosperó en noviembre del año pasado, lo que privó del bastón de mando a la coalicionera Melissa Armas, que al poco volvió a contar con sueldo público en calidad de asesora del vicepresidente, Pablo Rodríguez.
Otro concejal de Coalición Canaria en La Frontera, Diego Acosta, pasó a ser el responsable de la limpieza de un inmueble gubernamental situado en Tenerife, aunque cuando se desveló no había constancia de que se hubiera desplazado a esta Isla en varios meses, información que nunca ha sido desmentida por el interesado.
Otros exalcaldes
También acabó como asesor gubernamental el exalcalde de El Tanque Faustino Alegría Sánchez, quien no siguió al frente de este municipio tinerfeño al perder las elecciones.
Por su parte, el exalcalde de Icod de los Vinos Francisco González acabó siendo nombrado director general de Patrimonio del Gobierno autonómico, después de que una moción de censura impulsada en agosto pasado por concejales del PP, PSOE, Ciudadanos y Somos Icodenses terminasen con su etapa en la Alcaldía de la Ciudad del Drago.
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