El Gobierno de Canarias y otros 67 privilegiados clientes del Banco Popular retiraron un total de 2.909 millones de euros en la semana antes de que se dicha entidad financiera pasara a manos del Santander en una cuestionable operación que simuló ser una venta a cambio de un euro, tal y como se refleja en un informe interno del propio Popular desvelado el pasado 31 de diciembre por El Mundo.
Hay que tener en cuenta que esos 68 clientes, entre los que se encuentran administraciones y poderosas empresas, tanto públicas como privadas, evitaron con tan oportuna retirada de los fondos existentes en sus cuentas, los riesgos inherentes a una posible quiebra del que entonces era el sexto banco del país. Si las autoridades, en vez de regalar el banco al Santander, hubieran dejado que el Popular quebrase, el Fondo de Garantía de Depósitos solo habría cubierto, como es preceptivo, 100.000 euros de cada cliente.
Sea como fuere, la liquidación del Banco Popular ha causado considerables perjuicios a los accionistas y trabajadores de la entidad. Los primeros se ven inmersos en una batalla judicial para que se les reconozcan sus derechos ya que el Santander les ofrece un acuerdo a la baja. Los segundos afrontan los efectos de un plan para prescindir de unos 1.500 empleados.
La retirada de fondos por parte del Gobierno de Canarias destaca especialmente por dos circunstancias. En primer caso, el Ejecutivo regional es la segunda institución que más fondos retiró de las afectadas, solo por debajo de la Seguridad Social (1.140 millones de euros). Aunque el director general del Tesoro del Gobierno de Canarias, Javier Armas, reconoció en su día que se trataba de 636 millones de euros, lo cierto es que en el informe del Banco Popular solo figuran 608 millones. Sea como fuere, tan cantidad suponía el 40% del dinero que el Ejecutivo autonómico tenía depositado en aquellas fechas (junio de 2017) en cuentas bancarias.
Cuestionado sobre si se habían retirado los fondos al contar con información privilegiada, Armas dijo entonces que se actuó por “razones de prudencia y responsabilidad” y ante la “preocupación” suscitada por la caída de la cotización del Banco Popular. Sin embargo, nada menos que el ministro y portavoz del Gobierno de España, Iñigo Méndez de Vigo, afirmaba el 2 de junio de 2017 que con el Popular “tranquilidad absoluta (…) no hay en estos momentos ninguna preocupación mayor”, mensaje coincidente con el ofrecido entonces por el Banco de España. El 5 de junio, apenas 72 horas después de estas palabras del ministro se produjo la retirada de fondos por parte del Gobierno de Canarias. Finalmente, fue el 7 de junio cuando se consumó la simbólica venta de la entidad al Santander. El abogado tinerfeño experto en reclamaciones bancarias, Carlos Gómez, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS que esta confirmación sobre la retirada de fondos masiva por parte de instituciones y grandes empresas “confirma lo que se sospechaba: No todos los clientes y accionistas del Popular han contado con las mismas oportunidades ni la misma información”. Gómez, que representa legalmente legalmente a un buen número de perjudicados, se reafirmó en que “los 300.000 afectados por este caso tienen todo el derecho del mundo a que se investigue a fondo lo que ha pasado”.
La segunda administración con más fondos: 608 millones
Solo la Seguridad Social (1.140 millones) fue, de las instituciones, la que retiró más fondos que el Gobierno de Canarias (608 millones). Después figura el Ayuntamiento de Barcelona, con 340 millones. De las empresas públicas, las que más son Adif (128 millones), Enaire (96 millones), Loterías (47 millones) y Cesce (39).
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