Lo que se presentó como un ejemplo de transparencia y de ruptura con la etapa anterior ha resultado ser más de lo mismo: los programas de actualidad y de entretenimiento que contrata para Televisión Canaria el ente público Radiotelevisión Canaria siguen adjudicándose por el método tradicional, es decir, a dedo y, lo que es peor, contraviniendo abiertamente el mandato de la Ley de radio y televisión públicas de 2014, que obliga a su aprobación por parte del consejo rector. Así consta en una profusa documentación facilitada por el Comisionado de la Transparencia a la consejera de ese órgano María Lorenzo, a la que reiteradamente se le ha negado esta información y cualquier otra relacionada con la primera contratación en bloque de la era Santiago Negrín, a finales de 2016, tras inyectarle el Gobierno a RTVC cinco millones de euros para hacerlo.
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