El Gobierno regional debe pagar al prestigioso ingeniero Carlos Soler, castigado con hasta cinco expedientes por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, trasladado de puesto y suspendido 13 meses de empleo y sueldo, el sueldos y las pagas correspondientes al período en el que fue injustamente castigado. La orden para que se ejecute la sentencia del alto tribunal canario, ratificada por el Tribunal Supremo, la da la propia Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, departamento por el que fue injustamente sancionado, tal y como reconoció el Tribunal Superior de Jusiticia de Canarias. El ingeniero, funcionario de esa Consejería, fue expedientado por informar públicamente de que se había negado a firmar un modificado de obra por valor de 600.000 euros en el Túnel de Las Nieves, del que era director de obra.
Esa lucha, que el afectado se vio obligado a llevar a cabo durante cinco años en los tribunales, termina ahora de forma definitiva con la obligación de la Consejería autonómica de “reponer al funcionario en la situación anterior a la fecha de la sanción”, pero además teniendo en cuenta que debe recuperar su situación durante el período en el que fue apartado y castigado sin sueldo. La Adminstración debe abanar ahora las retribuciones de las que privó la funcionario entre junio de 2015 y abril de 2016.
El Gobierno de Canarias deberá además asumir el pago de las costas procesales, y notificar la sentencia que da la razón a Carlos Soler a la Universidad de La Laguna, de la que el ingeniero es profesor asociado. Soler, quien entre sus muchos méritos tiene el haber sido el director de la obra que permitió descubrir después de más de tres siglos, el manantial de la emblemática Fuente Santa en el sur de La Palma, fue sometido por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias a un traslado forzoso durante un año y medio, además de verse seriamente afectado por la suspensión de empleo y sueldo.
La Secretaría General Técnica ordena ahora al Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Obras Públicas, el cumplimiento de la setencia del Tribunal Supremo, que en diciembre pasado desestimó la petición del Ejecutivo de revisar y modificar la sentencia del alto tribunal canario que daba la razón al ingeniero.
Carlos Soler, tal y como recoge el fallo judicial, “se limitó a explicar a la opinión pública las razones por las que, a su juicio, se ha producido su cese después de unas discrepancias sobre la legalidad de la ejecución del contrato, con un propósito informativo sobre la problemática de los sobrecostes en la obra pública por la vía de los hechos consumados y sin las debidas formalidades”.
Para Soler, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL), además de funcionario de la Consejería de Obras Públicas, “la presión que he recibido en estos años y los momentos tan duros que he vivido han valido la pena”.
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