La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando a Gas Canarias, propiedad de DISA, tras la denuncia de un hotel del sur de Tenerife por haberse negado a suministrarle gas por canalización. Según informó ayer Antena 3 Televisión, el establecimiento hotelero señaló que la compañía le dijo que la red estaba al límite de su capacidad, por lo que le ofrecieron otro tipo de gas. Desde DISA, niegan malas praxis y aseguraron a este periódico que la compañía ha sido “diligente” en todo momento y no ha incumplido. Asimismo, reconocen que las instalaciones están al límite de su capacidad, pero que respondieron “en tiempo y forma”. La compañía prepara en estos momentos las alegaciones oportunas al expediente abierto por la Comisión.
Por su parte, el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, respeta la investigación que está realizando la CNMC, pero asegura que se trata de un problema de “déficit” de la compañía. “Para el sector esto tiene graves consecuencias, porque se da el hecho de que quien vende gas a un precio más caro es quien tiene que hacer las instalaciones para venderte otro más barato”.
A todo esto, cabe precisar que hace unas semanas la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbaba parcialmente el decreto 345/2015 del Gobierno de Canarias que regula los criterios de adjudicación del gas propanado. El tribunal considera que vulnera la legislación estatal y atenta contra la libre competencia, dando la razón al denunciante, que, en este caso, es la propia DISA. De este concurso de adjudicación salió vencedora Redexis, que resultó adjudicataria en ocho municipios, varios de ellos en el sur de Tenerife, y Gas Natural distribución (San Bartolomé de Tirajana y San Miguel).
La sentencia recuerda que el concepto de zona de distribución “se basa en consideraciones de eficiencia económica del desarrollo de la red de distribución y no descansa sobre la base de ámbitos geográfico-políticos completamente ajenos a la dinámica de la actividad, como es el de término municipal”, que es el que emplea la normativa regional. Esto ha llevado a paralizar la entrada del gas en Canarias. La inversión de la compañía para desplegar el aire propanado en el Archipiélago es superior a los 480 millones, de los que 260 millones corresponden a la construcción de las infraestructuras y el resto a otras partidas, como promoción y comercialización. El Gobierno aún está decidiendo si recurre el auto.
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