Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Ohian Arnanz, los tres acusados de la agresión de Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles que todavía están en prisión provisional, han negado este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que tengan odio o animadversión hacia el Instituto Armado y han asegurado que no participaron en la pelea ocurrida el 15 de octubre de 2016.
Uno de ellos, Adur Ramírez, incluso ha afirmado que no estaba en el bar Koxka, donde ocurrieron los hechos, sino que se marchó a su casa horas antes. A preguntas de su abogada, ha indicado que se enteró de todo lo ocurrido al día siguiente por la cantidad de mensajes y llamadas que recibió.
Unamuno y Ramírez se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, mientras que para Arnanz se solicitan 62 años y medio de cárcel por los citados delitos más uno de amenazas terroristas. Ninguno de los tres ha querido contestar a las preguntas de Fiscalía y acusaciones y sólo han respondido a sus abogados.
Asimismo, también han negado pertenecer activamente a los movimientos Ande Hemendik u Ospa Eguna, que defienden la salida de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, aunque sí han reconocido haber participado en algún acto de los mismos.
Urkullu cree que acusar de terrorismo a los acusados es un “exceso”
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que las penas que se solicitan para los acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua, así como la calificación de dichos hechos como un presunto delito de terrorismo, son un “exceso”, por lo que ha reclamado que el juicio que se inicia este lunes en la Audiencia Nacional se desarrolle con “proporcionalidad”.
El lehendakari, que ha participado en la firma de un acuerdo con Confebask en Vitoria, ha mostrado su deseo de que la agresión a los guardias civiles y sus parejas, cuyos autores están acusados de terrorismo y se enfrentan a penas de hasta 62 años de cárcel, sea juzgada con “racionalidad”.
En opinión de Iñigo Urkullu, la calificación de estos hechos como un presunto delito de terrrorismo y las condenas solicitadas son un “exceso”, y ha recordado que en el propio ámbito judicial existe “controversia” en torno a esta cuestión.
Urkullu ha considerado que lo ocurrido en Alsasua “no se corresponde” con un delito de terrorismo ni con las penas solicitadas por la Fiscalía. Además, ha recordado que una parte “muy importante” de la sociedad navarra está reclamando que los hechos investigados sean juzgados con “proporcionalidad”.
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