Denuncia por el uso de una obra pública en Mazo para beneficio particular

Medio centenar de vecinos del popular barrio de Lodero, en Mazo, han denunciado ante el Gobierno de Canarias y ante el Ministerio de Medio Ambiente, con pruebas documentales a las que ha tenido acceso este periódico, la colocación de una canalización privada en la obra pública de la Red de Riego Hoya Limpia en Mazo, parte de un proyecto global de modernización y mejora de la zona sudeste de La Palma por valor de 7,7 millones de euros y en una fase que dispone de un presupuesto de 1,36 millones de euros.

“Se está colocando una tubería que pertenece a dos vecinos particulares de la zona y en beneficio propio de los mismos, una tubería que están colocando los propios operarios de la obra”. La empresa que ejecuta el proyecto a través de la empresa pública Gesplan es Agrimac S.L.

Así se lo han trasladado los afectados al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de Canarias, titular de una obra que atenderá a una superficie cultivada de 85 hectáreas y con la que se persigue disminuir el consumo de agua. Los vecinos, que conocen el interés general de la obra pública, están dispuestos a llegar a los tribunales, incluso por la vía de lo Penal, aduciendo una posible malversación de fondos públicos dado que “se está aprovechando la ejecución de una obra pública, con su proyecto aprobado y con sus licencias, para hacer un obra privada que nada tiene que ver con el proyecto y de la que nos enteramos en el mes de enero”.

DECISIÓN ARBITRARIA O AJUSTADA A DERECHO

Argumenta en su respuesta a los vecinos la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es la dirección de la obra, “la que dé las instrucciones a la empresa constructora sobre atender o no a las solicitudes de este tipo”. Los vecinos han pedido al Gobierno de Canarias, titular de la obra, y más concretamente al consejero de Agricultura Narvay Quintero, que “proceda a la suspensión de la misma retirando la citada tubería particular instalada en beneficio de dos particulares”. Le advierten, además, de que “en caso contrario y contra nuestra voluntad, se procederá a interponer la correspondiente acción judicial, o como proceda, tanto en vía administrativa como penal, si fuera el caso”.

La respuesta del director general de Agricultura a esta petición, a través de una misiva con sello del Gobierno de Canarias pero en la que no figura firma del responsable político, es clarificadora: “La dirección facultativa autoriza estas peticiones”, esto es el director de la obra. Se sostiene en la respuesta oficial que es”habitual” que se “aproveche la apertura de la zanja para instalar o reparar otras conducciones o servicios con el mismo trazado” siempre y cuando se den dos condiciones: “que no interfiera ni en las instalaciones ni en la ejecución del proyecto” y en el supuesto de que “no signifique coste alguno para la administración”.

ASUMIR POSIBLES DAÑOS PATRIMONIALES

Los vecinos han trasladado que en la ejecución de la obra de estos dos particulares dentro del proyecto con fondos públicos, “se han cortado tubos privados para conectar la red al sistema del particular”. Se preguntan si “en caso de daño, rotura y sin constar en el proyecto de la obra pública declarada de interés general, qué entidad jurídica o administrativa se haría cargo de asumir daños por responsabilidad patrimonial”. Los vecinos no entienden los motivos del que podría ser un trato de favor a estos dos particulares, familiares entre sí, que cuentan con “privilegios” que “no pueden ni deben en ningún caso formar parte de una adjudicación de obra pública declarada de interés general, en la que se mete un tubo en paralelo. No sabemos ni quién lo paga, lo asumen los trabajadores para ejecutar una obra pública y afecta incluso a nuestros cultivos”.

Afirma el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, el palmero César Martín, en un escrito remitido el 23 de febrero de este año, que “no procede la paralización de la obra para que se retire la tubería instalada por los vecinos, ya que esto sí supondría una alteración en el plan de obra previsto”. Al mismo tiempo, comunica que “cualquier otra persona interesada en realizar alguna actuación similar a las desarrolladas será atendida, siempre y cuando se cumplan las condiciones citadas, como es habitual en este tipo de obras”.

Los vecinos entienden que tales decisiones son arbitrarias. Han solicitado al Ayuntamiento, como ya hicieran ante el Gobierno de Canarias como responsable directo y administrativo de la obra, que, dada la invasión de terrenos particulares con una actuación que no figura en la de interés general que sí asumen en favor de la disminución del consumo de agua y en beneficio del sector agrario, que dé parte a la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano para que proceda a abrir expediente sobre este asunto.

Argumentan ante el alcalde que la empresa “no dispone de la preceptiva autorización para proceder a llevar a cabo la variación experimentada con respecto a lo proyectado inicialmente y no dispone de la autorización de los distintos propietarios afectados como consecuencia de la ocupación que sobre su terreno se realiza por la citada obra, viéndose beneficiados por ellos aquellos dos vecinos a los que se ha incluido en la obra pública”.

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