La vía del norte de La Palma tuvo un sobrecoste de más de 20 millones

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia contra el exconsejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias (2011-2015) Domingo Berriel, por un supuesto sobrecoste del 67,4% (más de 20 millones de euros) en las obras de la carretera del norte de La Palma (C-830). El plazo de ejecución, según el primer proyecto, era de 40 meses desde el inicio de la obra. Además de a Berriel, la denuncia recae también sobre los técnicos de la Comunidad Autónoma que participaron en los hechos que se denuncian por la presunta comisión de tres delitos de corrupción: prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En concreto, se trata del “acondicionamiento de la Carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo”, que se concedió a la UTE Acciona Infraestructura SA-Horpa SL-Lopesan asfaltos construcciones S.L. La obra, con una longitud de 23,5 kilómetros, se licitó en 2007 por 32,4 millones de euros, pero el proyecto, una vez ejecutado, en 2016, dio como resultado una vía de solo 15,7 kilómetros (el 32% menos de la longitud prevista). Además, por este motivo, la actuación no llegó al destino que estaba previsto: la Cruz del Castillo.

El método utilizado por Berriel para la adjudicación de las obras complementarias fue la fórmula de negociado sin publicidad, sin concurso público. Para la formación morada, que ha denunciado los hechos, esta acción que rubricó Domingo Berriel incumple el artículo 155 de la Ley de Contratos del Sector Público.

A pesar de la reducción de kilómetros y el sobrecoste que se denuncia, el 28 de mayo de 2014, se emitió un informe preceptivo del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias que planteaba “la necesidad de justificar razones de interés público que motivan el modificado”. Pese a las advertencias, se emitió un informe técnico favorable, según la denuncia, del director facultativo de las obras, en la que se defiende que “las modificaciones que no implicaran un incremento presupuestario en la fecha de su redacción, no requerirán fiscalización”, se concluye.
En la denuncia, Podemos considera que las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas “estaban orientadas a favorecer a la UTE contratista a costa del erario público”, y pone de relieve la “falta de interés” de la administración actual, con el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), como responsable del área, por anular el contrato, dado que se dejó caducar el expediente de oficio por nulidad. Paradójicamente, según reconoció ayer en una rueda de prensa el diputado de Podemos Manuel Marrero, la formación morada empezó a investigar cuando el actual consejero abrió por un expediente al llegar al cargo por “graves irregularidades”. De hecho, se solicitó tarde el informe preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias, órgano que solo pudo certificar su “caducidad”. Tal y como señala la denuncia, Podemos considera que Pablo Rodríguez “no acordó iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio”, por lo que podría también “resultar responsable”.

Estas obras han tenido muchas curiosidades, como el hecho de que llegó a colocarse una escalera metálica “irregular” en Barlovento, justo en el margen de la vía. Nadie supo explicar exactamente de dónde había salido aquella escalera, pero fue retirada de inmediato. Además de los sobrecostes y del recorte en su recorrido, estaba prevista que se concluyera en 40 meses (algo más de tres años), se concluyó en nueve.