Los municipios canarios recibirán una cuantía extraordinaria de 7,6 millones de euros procedente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, con el fin de reforzar y aumentar los proyectos y ayudas sociales para las familias más desfavorecidas. Así lo pusieron de manifiesto ayer la consejera del área, Cristina Valido, y el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramón Plasencia.
En concreto, se trata de tres líneas de actuación distintas destinadas tanto a mejorar y potenciar las distintas iniciativas de apoyo de los municipios, por ejemplo, las ayudas de emergencias, como para llevar a cabo más contrataciones del personal necesario para ello.
Valido destacó que esta financiación extraordinaria permitirá asistir a las familias más vulnerables que residen en Canarias, a la par que recordó que ya en su momento el Gobierno regional había derivado a los ayuntamientos casi 14 millones de euros también para fines sociales. “No es la primera vez que se firman estos convenios para ayudar a quien más lo necesita”, añadió.
Por su parte, Plasencia insistió en que el objetivo de los municipios es “asistir y llegar cuanto antes a las necesidades de los ciudadanos”, al igual que valoró “el importante esfuerzo” llevado a cabo por la Consejería en esta materia. En cuanto a la cifra de familias sin ingresos, Valido indicó que se estima que en el Archipiélago puedan contabilizarse en torno a 40.000 unidades familiares en estas condiciones, mientras que el responsable de la Fecam destacó que con el paso de los años se ha apreciado una mejoría en la coyuntura económica.
La financiación total de estos 7,6 millones de euros se divide en tres bloques de actuación. La primera línea, dotada con cinco millones de euros, supondrá la mejora de los servicios sociales comunitarios, implementando proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida de los sectores mas desfavorecidos y la creación de nuevos empleos en los servicios sociales. La segunda línea, que cuenta con dos millones de euros, tiene como objetivo reforzar actividades destinadas a sufragar gastos específicos de carácter extraordinario, urgencias sociales o situaciones de emergencia social. El pago del agua, la luz, el abono de alquileres para evitar desahucios y las necesidades básicas, como la alimentación o la compra de medicamentos, son algunos ejemplos.
El tercer eje está dotado con 600.000 euros y pretende cooperar con los municipios en paliar las situaciones de extrema necesidad de aquellas personas a las que les ha afectado singularmente la crisis económica, con el fin de que puedan afrontar tal situación de forma eficaz, proporcionando una respuesta inmediata, lo que les convierte en uno de los instrumentos de respuesta a las situaciones de emergencia social.
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