Desde el año 2001 hasta la actualidad la Isla de Gran Canaria ha dejado de percibir con respecto a Tenerife 321 millones de euros menos en inversiones y transferencias. Sólo en esta legislatura (2015-2018) la diferencia asciende a 120 millones de euros. Ésta es una de las conclusiones a las que llegó la comisión de desequilibrios creada en 2015 por el Cabildo de Gran Canaria a instancias de Unidos por Gran Canaria para analizar precisamente los supuestos perjuicios inversores existentes entre las Islas de Tenerife y Gran Canaria.
Dichas conclusiones fueron aprobadas la pasada semana por el pleno del Cabildo Insular finalizando así con años de trabajo en el que los miembros de la comisión aseguran no haberlo tenido nada fácil, ya que el Gobierno de Canarias no ha aportado casi ningún dato de los solicitados.
Aún así, las conclusiones recogen los supuestos perjuicios inversores entre ambas Islas. Además de los ya mencionados, el documento señala que en la distribución de los fondos del Fdcan, al no seguirse los criterios del REF, Gran Canaria habría recibido 11 millones menos cada año.
Las diferencias no serían solo económicas. Según los datos del informe, el 46% de los cargos y directivos del Gobierno de Canarias proceden de la Isla de Tenerife, frente a solo un 29% de Gran Canaria. Proporción parecida , de los 108 miembros del Ejecutivo autonómico, 50 son de Tenerife, 31 de Gran Canaria, 8 de La Palma, 7 de Lanzarote, 7 de Fuerteventura, 3 de La Gomera y 2 de El Hierro. El desequilibrio se produciría en los niveles dos y tres de la administración regional, el de los viceconsejeros y directores generales, donde la distribución es del 48% para Tenerife y el 29% para Gran Canaria. En el nivel de los consejeros hay equilibrio, tres por cada isla capitalina.
La distribución territorial de los cargos públicos intermedios de la Comunidad hace que Gran Canaria solo disponga del 29% frente a un 53% de Tenerife: área económica un 27% frente al 51%, área territorial un 50% frente al 20% y área turística un 25% frente al 58%.
En el caso de las Universidades, según el documento, la de Las Palmas de Gran Canaria recibe 15 millones menos cada año, a pesar de que alega que el índice de alumnos de la universidad grancanaria es mayor que el de La Laguna. Cuando se finalicen las obras de los hospitales Norte y Sur de Tenerife, esta Isla dispondrá, según el dictamen, de 148 camas hospitalarias más que Gran Canaria.
En el periodo comprendido entre 2001 y 2018 Gran Canaria recibió un 31% en inversiones hidráulicas frente a un 69% de Tenerife. De 2015 a 2018 las diferencias son de un 14% frente a un 86% (38 millones de euros menos). La diferencia en aceleradores oncológicos sería notable de una Isla a otra y su distribución no corresponde a criterios poblacionales, se afirma.
El informe sostiene que el mantenimiento de la Ley de Mejora y Modernización de Turismo perjudica notablemente a Gran Canaria e impide la construcción de los alojamientos que precisan los empresarios del sector, ya que impide la construcción de los hoteles de cuatro estrellas.
La distribución de la red de recursos sociales y sanitarios beneficiaría notablemente a Tenerife frente a Gran Canaria y el resto de las Islas. En los últimos años se ha producido una disminución de los recursos de I+D+i para intentar desmantelar al ITC con sede en Gran Canaria, subraya el documento.
El dictamen también entra en el análisis de la Ley de Sedes que se ha incumplido “de manera constante, interpretándola al gusto” cuando se trata de beneficiar a Tenerife, financiación de recursos, capitalidad…, según destaca los autores del diagnóstico.
En dicho informe, se pone de manifiesto, además, las quejas por la “opacidad” y la “falta de información” del Gobierno ya que en la mayoría de los casos no ha dado la información solicitada. En este sentido, desde la comisión han denunciado “el intento de manipulación de las cifras de los presupuestos para cuestionar los datos aportados por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, inventándose unos datos presupuestados falsos y tergiversados”.
El documento también hace referencia a la reciente publicación del Gobierno de Canarias sobre la concesión de subvenciones por importe de 12,7 millones de euros para mejorar la calidad de vida y fijar población en municipios rurales de las Islas. Los criterios para el reparto de estos fondos se determinaron en su momento de manera coordinada entre el Gobierno de Canarias y la Comisión de Desarrollo Rural de la Fecam, para lograr una mayor eficacia en su distribución. Además, estos fondos permitirán sufragar actuaciones como la mejora de las instalaciones de centros culturales y casas de cultura, la construcción y acondicionamiento de espacios e infraestructuras deportivas públicas, la creación de parques infantiles, recreativos y circuitos biosaludables, la adaptación de espacios para la puesta en marcha de aulas de formación y el desarrollo de proyectos culturales.
Sin embargo, el reparto por Islas también es, a juicio del dictamen grancanario, desigual: 5,06 millones se destinan a iniciativas en Tenerife; 3,63 millones se dirigen a proyectos en La Palma; 2,91 millones de euros a Gran Canaria; 726.250,71 euros a actuaciones en La Gomera; 392.540,11 euros a El Hierro y 59.857 a Fuerteventura. Estas subvenciones están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y son gestionadas por la Dirección General de Agricultura del Ejecutivo regional.
Este informe de la comisión se presentó en el pleno de la corporación Gran Canaria acompañado de un informe de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) mucho más sangrante que el de la comisión y en el que cifra esta supuesta desventaja presupuestaria entre Tenerife y Gran Canaria en 3.415 millones de euros para la Isla Occidental entre los años 2000 y 2013.
Además, esta diferencia ya fue denunciada por el Círculo de Empresarios de Gran Canaria que hace un año advertía de que Tenerife estaba tomando la delantera a Gran Canaria. De hecho, denunciaba que la tasa de creación de empresas, generación de riqueza y empleo favorecen a Tenerife claramente que encuentra muchas menos trabajas burocráticas por parte de las administraciones. Además, el informe del Istac, a su vez, pone de manifiesto que en la Isla de Tenerife se siguen creando más empresas, otro indicador más del buen momento de la economía tinerfeña y el dinamismo de su entramado empresarial.
CORRECCIÓN
Para corregir esta brecha inversora el Cabildo de Gran Canaria aprobó solicitar al Parlamento de Canarias y al Consejo Económico y Social de Canarias (CES) que adopten las medidas precisas para que se publiquen los datos históricos de toda la información solicitada y que no han sido aportados a la comisión. Asimismo, enviará dicho informe, a través de los grupos parlamentarios, a la Cámara regional para su debate y para que llegue a toda la sociedad y así pedir que aprueben las medidas necesarias para corregir los desequilibrios analizados y aquellos otros que no han sido posibles evaluar por la no disponibilidad de información.
El Cabildo pedirá, también, un plan específico para Gran Canaria por el importe de lo que habría supuestamente dejado de percibir la Isla, así como el cumplimiento de la Ley de Sedes.
MORALES: “SE INTENTA SUSTENTAR EL PODER DE ATI PERJUDICANDO A GRAN CANARIA”
El presidente del Cabildo de Gran canaria, Antonio Morales, espera que el Parlamento de Canarias estudie el informe elaborado por la Comisión y corrija los desequilibrios que “ha sufrido gran canaria durante los últimos años y, sobre todo, en la última legislatura”. Morales achacó la brecha inversora al creciente “neoinsularismo” que se ha instalado en Canarias donde “se intenta perjudicar claramente a Gran Canaria y sustentar el poder de ATI”. El presidente del Cabildo indicó que el informe no ha podido profundizar más debido a la “falta de información y opacidad” con la que se ha comportado el Gobierno de Canarias “que no nos ha aportado información”. Además de los perjuicios económicos, Morales destacó, sobre todo, el desequilibrio en los cargos directivos del Gobierno de Canarias, ya que “muchos de esos cargos están en órganos de toma de decisión importantes y donde se distribuyen los presupuestos” “Este informe tiene que ser debatido en la Cámara”.
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