El del acceso a la vivienda es un problema como una casa. El debate se renueva cada cierto tiempo, mientras las soluciones aguardan en la antesala de las iniciativas resolutivas. Construir el relato no resulta suficiente cuando a mucha gente se le cae el techo encima. Sentar los cimientos contribuye a levantar expectativas. En tales circunstancias, las XXXIX Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo abordarán esta temática en La Palma. Los técnicos se reunieron meses atrás en Madrid para preparar el encuentro de Ángel Gabilondo y los comisionados autonómicos.
Durante el primer año de Lola Padrón como diputada del Común de Canarias se habló, en el País Vasco, de la capacidad de la Administración pública y sobre cómo habría que reestructurarla para que dé respuestas más ágiles a los ciudadanos. Luego, en Aragón, Canarias desempeñó “un papel relevante” en lo concerniente a las necesidades educativas especiales. “De ahí salió un documento que incorporamos a la memoria”, recuerda Padrón.
“Dentro de los encuentros hay una parte que protagonizaron jóvenes. Bueno, sacamos unas conclusiones interesantes con respecto a lo que es la vulnerabilidad y el acoso escolar en las aulas. Eso lo expusimos el año pasado en Zaragoza”. Del 24 al 26 de junio de 2025 en Fuerteventura, durante el taller Tu voz Importa (inaugurado en el mirador de Puerto del Rosario por Lola Padrón), menores y jóvenes de España examinaron la situación que genera la vulneración de derechos en las aulas, con la mirada en el acoso escolar, la inclusión y las carencias del sistema. “Sembramos un referente de participación”, evoca.
Los días 26 y 27 de mayo, los delegados contrastaron las principales quejas ciudadanas que reciben sobre esta materia en sus respectivas instituciones y trabajaron en un documento de consenso que será estudiado ahora por los titulares de las defensorías. La adjunta especial de Igualdad, Ana María León, y el asesor Bruno Pérez, representaron a la Diputación del Común. Los interlocutores analizarán cuestiones relativas a los procesos de adjudicación de vivienda social y protegida; las ayudas al pago del alquiler; las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado; la regulación del alquiler turístico; la creación de un modelo único de información y gestión de datos; las alternativas habitacionales ante desahucios y lanzamientos, y los asentamientos de chabolas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
En Canarias, la quejas sobre discapacidad y dependencia superan, mucho, a las de vivienda, precisa Lola Padrón. “Antes, las quejas de vivienda iban más a los procedimientos. En este sentido, hicimos una recomendación al nuevo decreto y el Icavi [Instituto Canario de la Vivienda] lo ha aceptado, porque en materia de subvenciones para adaptar la vivienda tanto a lo que son las energías renovables para hacer una vivienda eficiente y habitable como por discapacidad y dependencia hay deficiencias. Cuando se iba a hacer efectiva, surgieron dificultades dado que el lenguaje no era nítido. Proponemos que haya más coordinación y que se tengan en cuenta las características de cada municipio e isla”. Por ejemplo, ilustra la diputada del Común, “a una señora le dieron dos subvenciones y, como el edificio estaba de fuera de ordenación, tuvo que devolver el dinero al no poder justificarlo porque no le han concedido los permisos”. Padrón aprovecha la ocasión para sugerir que los ayuntamientos recuperen los servicios específicos de vivienda para canalizar lo que genera el Icavi y que las subvenciones por discapacidad o dependencia no tributen como un ingreso.
El 60% de las quejas por vivienda son de mujeres. “El perfil de género -sobre víctimas de violencia o madres solas con niños- es relevante”, apunta Lola Padrón.
A propósito de los desahucios, existe un convenio de colaboración, pionero en el país, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo regional y la Fecam sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad ante el lanzamiento de una vivienda familiar y medidas de carácter social. Lleva fecha del 7 de julio de 2023. Ha caducado. La Diputación del Común ha pedido que se reactive: “Para detener un desahucio hay que garantizar la vulnerabilidad. En esto colaboramos con la asociación Derecho al Techo. Evidentemente, la situación de la vivienda es complicada. No se va a arreglar en dos días”.
Ese texto expone que en el último decenio se han promulgado “numerosas normas que contenían medidas dirigidas a proteger a las personas que, por motivos económicos, laborales o de otra índole, se veían inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria o de desahucio, con el consiguiente riesgo de perder las viviendas en las que residían y de caer en una situación de exclusión social”. El programa Canarias Pro-Hogar parte de la idea de la intervención y participación de todas las administraciones públicas de la comunidad autónoma -”en el ámbito de sus respectivas competencias”- con la finalidad de reducir las ejecuciones hipotecarias, desahucios y lanzamientos para “evitar la pérdida de la vivienda y encontrar alternativas habitacionales”.
El CGPJ, el Ejecutivo canario y la Fecam distinguen entre las dos situaciones que pueden provocar el lanzamiento: ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual y el desahucio por falta de pago de la renta o cantidades cuyo pago corresponda al arrendatario. Los signatarios se comprometen a consensuar “las acciones oportunas, incluyendo las informativas y formativas precisas”, de modo que, una vez evaluadas las circunstancias concurrentes, se acometan las actuaciones que procedan.
Lola Padrón saluda la oportunidad de edificar un pacto por la vivienda con bases sólidas: “Tenemos que ser el ariete que abra un espacio para el diálogo en asuntos tan complicados que influyen directamente en la vida de las personas. La elección de La Palma no es casual. Después de la erupción del volcán, el problema de habitabilidad y de quedarte de un día para otro sin vivienda hay que ponerlo de relieve. Hemos realizado un documental en el que participan las personas damnificadas. Para mí es destacable que nos podamos sentar todos para dilucidar cómo afrontar el reto”.
A la diputada del Común le gusta el modelo del País Vasco, mixto: “Creo que en Canarias se podría asimilar. Lo que planteo es encajar en la Ley de Vivienda e incluso en el Estatuto de Autonomía el derecho subjetivo a la vivienda y que aquella persona que cumpla determinadas características no forme parte de una lista de reserva, sino que se le compense de manera eficiente”. Arguye que la ley nacional 12/2023, por el derecho a la vivienda, “no llega a reconocer” el derecho subjetivo a la vivienda y exigible ante los tribunales: “Su enfoque sigue siendo estructural. Promueve medidas de planificación, reserva de suelo, regulación del alquiler, y refuerza obligaciones en materia de vivienda pública, pero no establece mecanismos individualizados de exigencia. Sin una legislación autonómica que refuerce el derecho, a un ciudadano que sufra un desahucio o viva en condiciones indignas le será muy difícil acudir a un juzgado con garantías de éxito”.
Padrón reclama “una organización absolutamente distinta” a la actual: “Cuáles son las viviendas vacías, cuántas hacen falta, catalogar las viviendas sociales, el alquiler, el precio de la oferta que se saca. Sabemos que no se construyen viviendas de protección pública porque no es rentable. Habría que adecuar los precios a las realidades. Eso se va haciendo en el País Vasco automáticamente. Es algo más que subvenciones y un listado de demandantes. Se requiere un censo de casa vacías. Nosotros hemos empezado con una queja de oficio para solicitar a los ayuntamientos la información de las viviendas vacías antes de planificar las que hacen falta”. En consecuencia, apela a la colaboración público-privada, con presupuesto, mecanismos administrativos ágiles y, naturalmente, disposición de suelo.
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