Los alquileres han experimentado en las Islas un fuerte incremento, más del 40%, en zonas residenciales, lo que ha generado un nuevo fenómeno: en algunas zonas resulta más rentable pagar una hipoteca que alquilar. El reciente borrador de decreto sobre alquiler vacacional del Gobierno de Canarias fomenta, a juicio del sector, la proliferación de edificios completos dedicados a esta actividad en zonas residenciales, al impedir de forma genérica que la misma se desarrolle en los núcleos turísticos.
El Gobierno de Canarias lleva algo más de tres años intentando sacar adelante un decreto que regule el alquiler vacacional, pero no ha encontrado la fórmula idónea para hacerlo. Mientras en otros países de Europa e incluso en otras comunidades autónomas, como Baleares, Cataluña o Madrid, han conseguido regular medianamente bien el ejercicio de esta nueva actividad turística, en Canarias parece que es imposible.
En 2015 el Gobierno, con Paulino Rivero de presidente, sacó adelante un decreto que no contentó al sector y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró ilegal, porque el texto prohibía esta actividad en zonas turísticas, algo que el propio tribunal consideró “ilógico”, puesto que esta actividad es exclusivamente turística.
Este decreto se encuentra actualmente recurrido y a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Mientras tanto, el Gobierno se comprometió con el sector a sacar adelante un nuevo decreto más consensuado. La pasada semana, el Ejecutivo, por fin, presentaba públicamente dicho documento, pero, por lo que parece, tampoco va a estar exento de polémica, puesto que es casi igual que el anterior o incluso “más restrictivo”, según la presidenta de la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales (ASCAV), Doris Borrego. Además, vuelve a insistir en un aspecto que el TSJC ya le dijo que era ilegal, y es que reitera la limitación de esta actividad al suelo residencial y la excluye con carácter general de las zonas turísticas, aunque, en esta ocasión, añade que los cabildos y ayuntamientos podrán fijar excepciones. Esto significa que si un ayuntamiento quiere permitir el desarrollo de esta actividad en su zona turística, el decreto le permite hacerlo previa adecuación de su plan urbanístico y siempre que el Cabildo Insular esté de acuerdo. En caso de disparidad entre las corporaciones, primará el criterio de los cabildos, por jerarquía urbanística.
El fenómeno del alquiler vacacional está ya extendido en todo el territorio internacional. En Canarias, el alquiler turístico vacacional supone alrededor del 10% de la oferta alojativa de las Islas, una cifra que se mantiene estable desde 2010, según los estudios realizados por la Consejería, que apuntan que la oferta de viviendas creció el 5,8% desde 2016 a 2017, hasta un total de 31.675 viviendas, lo que representa algo más de 131.000 camas en las Islas. Es por esto que esta actividad necesita ya una regulación urgente que proporcione seguridad jurídica a todo los agentes implicados. “No se puede estar en el limbo en el que estamos”, señala Borrego. En su opinión, la regulación actual “promueve la proliferación de edificios completos de viviendas vacacionales en zonas residenciales con servicios turísticos y con beneficios fiscales o lo que es lo mismo, pseudohoteles, en manos de grandes patrimonios. De acuerdo a los datos de la propia Consejería de Turismo, ya hay 50 edificaciones de este tipo en las Islas”.
De este peligro, prosiguió Borrego, ya alertó ASCAV desde el primer momento que se aprobó el Decreto 113/2015 y “ahora se están sufriendo las consecuencias”. “Lo que no se puede hacer es regular la vivienda vacacional como modalidad turística y al mismo tiempo prohibirla en las zonas turísticas, y menos aún, con el argumento de que en las zonas turísticas ya existen otras modalidades alojativas”, declaró. “A nadie se le ocurriría prohibir pizzerías porque ya existen churrerías”, ironizó Borrego, quien recordó también que el TSJC sentencia en cuatro recursos, que “atenta a la libertad de empresa y libre competencia y que desviar la vivienda vacacional únicamente a las zonas residenciales no es una solución aceptable. Tampoco lo es, vincular la vivienda vacacional a planes urbanísticos y 88 ordenanzas municipales que no sólo pueden ser arbitrarias, sino que causarían una moratoria de muchos meses o incluso años para su modificación” Hay que tener en cuenta que para que un ayuntamiento permita esta actividad en su suelo turístico tiene que cambiar el planeamiento, lo que supondría un retraso importante en la aplicación de la normativa. Borrego aseguró que este decreto “es señal de que nuestros gobernantes no saben ver la vivienda vacacional como una oportunidad más de desarrollo económico para las Islas”.
En opinión de Borrego, el traslado de esta actividad a zonas residenciales no sólo puede encarecer la vivienda de larga duración, algo que ya está ocurriendo, sino que puede generar verdaderos problemas de convivencia entre residentes y turistas. En estos momentos, puesto que se aplica el decreto de 2015, los alquileres han subido en zonas residenciales más del 40%, hasta el punto de que en algunas zonas está siendo más rentable, y así lo están aconsejando muchas inmobiliarias, comprar y pagar hipoteca antes que alquilar, pero las dificultades para acceder a un crédito, por los bajos sueldos que hay en las Islas y la excesiva temporalidad del mercado de trabajo, impide que muchas operaciones puedan cerrarse.
En Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, la situación comienza a ser “dramática” porque es francamente difícil encontrar una vivienda para un profesor, médico o sanitario, explicó el diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez. Además, uno de cada diez inquilinos ha sufrido un incremento de su mensualidad en una cantidad que oscila entre los 50 y los 100 euros, lo que está provocando que muchos se vean expulsados de sus viviendas ante la imposibilidad de hacer frente a los nuevos precios que fijan los propietarios.
En cualquier caso, el texto aún no es definitivo. En breve, se abrirá el periodo de información pública para presentar las alegaciones oportunas.
RODRÍGUEZ: “HAY QUE PRESERVAR EL DERECHO DEL RESIDENTE”
El diputado regional y presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, aseguró que el borrador de la norma llega “tarde” y, además, debería ser con rango de ley y no a través de un decreto, “para evitar mayores vulnerabilidades”. No obstante, Rodríguez se mostró de acuerdo en regular esta actividad, pero teniendo muy en cuenta su impacto en las zonas no turísticas, ya que “hay que evitar el desplazamiento de la población residente o incluso su expulsión, como está ocurriendo en Venecia, Lanzarote y Fuerteventura, donde existen verdaderos problemas de convivencia y para encontrar vivienda, lo que genera turismofobia”.
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