Así es el fracaso de CC-PSOE que une a la oposición lagunera

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Cuando el hoy alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tomó el bastón de mando municipal, hizo estas declaraciones: “Me comprometo como alcalde de La Laguna a ser el primer impulsor de compromisos amplios, eficaces y duraderos, que cuenten con la aportación de todos”. Hoy, más de tres años después, para saber que mintió basta con recordar que el equipo de gobierno que lidera junto a Mónica Martín (PSOE) solo ha cumplido con el 2% de los acuerdos plenarios. Es decir, que han despreciado olímpicamente lo que deciden la mayoría de los representantes de los laguneros y las laguneras.

Cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones, difícilmente Díaz podría presentar una tarjeta más lamentable sobre su gestión. A la evidente ausencia de talante democrático con semejante porcentaje de incumplimiento en las decisiones de la mayoría, se une su condición como imputado (ahora investigado) por el llamado caso Grúas, donde las pesquisas judiciales se orientan a saber si cometió o no tres delitos relacionados con la corrupción: malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

En su horizonte procesal, aparece un nubarrón que se antoja mayor y más oscuro: el del caso Prórrogas, donde se denuncia por parte de XTF-NC un modus operandi que, como en el de las grúas, comparte con su antecesor, el hoy presidente regional, Fernando Clavijo. Básicamente, el Ayuntamiento de La Laguna contrata de la siguiente manera: dejan que la concesión llegue a su término y, aduciendo una urgencia ficticia (creada por quien la utiliza como excusa), se ignora la normativa que vela por la justicia del proceso para renovarle el contrato a la empresa de turno, que así se ahorra pasar por un nuevo concurso, tal y como exige tanto la legislación vigente como el pliego de condiciones de cada caso. No podrán alegar ignorancia, porque en hasta 118 ocasiones puso reparos la Intervención Municipal a otros tantos decretos, pero tanto Clavijo como Díaz y Martín (y algún circunstancial representante municipal más) levantaron dichos reparos a pesar de las sospechas de que vulneraban la ley.

Imposible no llamar la atención sobre las réplicas de CC a este respecto, especialmente cuando acusan a, por ejemplo, Santiago Pérez (XTF-NC) de “judicializar la política”, cuando es obligación de todo ciudadano (aún más si eres cargo público, por cierto) acudir a los tribunales si se tienen datos sobre la posible comisión de un delito.

Hartazgo

Cuando se une toda la oposición a pesar de diferencias ideológicas tan marcadas como las que separan a partidos como Unid@s se puede, Partido Popular, Por Tenerife-Nueva Canarias y Ciudadanos, es que algo no se ha hecho bien. Tampoco hay que escarbar mucho en el caso del equipo de Díaz y Martín, no solo aferrados a la poltrona con apenas 9 de los 27 concejales del Ayuntamiento de La Laguna, sino ejerciendo el mismo con modos tan autoritarios como el de acaparar todo el personal de confianza que puede contratarse con dinero municipal, a pesar de que la ley es clara al respecto: deben repartirse entre todos los grupos. Por esta vía, CC y PSOE se aprovechan en solitario de, prácticamente, un millón de euros del dinero de todos los laguneros.

Las sospechas sobre prácticas de clientelismo y enchufismo, al igual que ocurre con el modus operandi ya descrito en la contratación, son una consecuencia lógica. De ahí que se reactivase la posibilidad de una moción de censura en el municipio lagunero.

Que Coalición Canaria ha acuñado el llamado efecto mortadela, entendiendo como tal el uso de fondos públicos para la propaganda partidista, es de todos conocido, pero no por ello ha perdido vigencia. La Laguna presenta hoy algún ejemplo de ello con la sucesión de pregoneros ligados a CC que, en los últimos festejos, han sido promocionados por esta vía. No en balde, los gastos en propaganda y publicidad de la Corporación Local que nos ocupa con Díaz al frente supera los 800.000 euros, y, cuando se les echa en cara, la repuesta del portavoz municipal de CC, Antonio Pérez Godiño (también investigado por el caso Grúas) es anuncias en un pleno que piensan gastar aún más con la publicación de una relación de supuestos méritos en la gestión del equipo de gobierno.

Mientras tanto, al bolsillo de los laguneros y laguneras no les va precisamente bien con el pacto CC-PSOE. En apenas seis años, el IBI lagunero ha pasado a recaudar un 83% más (de 18 a 34 millones), sin que pareciera importarle al equipo de gobierno entonces encabezado por Clavijo que la ciudadanía sufriera lo peor de la crisis. Semejante aumento de la recaudación, lejos de ser un éxito en la articulación de la misma, simplemente obedece a un aumento de la presión fiscal expectacular, por cuanto cada lagunero pagaba de media 548 euros al año en 2011 que pasaron a ser 662 un lustro después. ¿Propósito de enmienda dada la recuperación económica? No tendrán esa suerte los laguneros con José Alberto Díaz de alcalde: el año pasado, el gasto medio por impuestos de los vecinos de la Ciudad de Los Adelantados asecendió a 713 euros de media por habitante.

¿Para qué tanto dinero? La clave radica en los, aproximadamente, 70 millones de deuda que dejaron escondidas en las gavetas los antecesores de Díaz: Ana Oramas y el citado Clavijo. Para hacer frente a esos pagos, el Ayuntamiento tuvo que pedir permiso al Ministerio de Hacienda a la hora de solicitar los correspondientes créditos, de tal modo que desde Madrid se intervinieron las cuentas municipales. Así, el primer pago, el prioritario, es para subsanar el quebranto económico causado por Oramas y Clavijo, a los que hay que sumar otros 30 millones de deuda, digamos, encauzada debidamente.

Único suspenso

Son muchos, y muy serios, los motivos por los que José Alberto Díaz es el primer alcalde en la historia de La laguna cuya gestión ha sido suspendida por la mayoría de los representantes de los laguneros en un pleno celebrado el pasado lunes. Más allá de lo expuesto, vecinos de barrios como Las Chumberas y El Cardonal claman ante los incumplimientos municipales. Esta misma semana, volvían a caerse los cascotes en los edificios de Las Chumberas aquejados de aluminosis, diez después de que se detectara un problema al que nadie pone remedio desde el Ayuntamiento.

Salvo que se trate de determinadas empresas que, como ha denunciado la oposición, siempre figuran en los contratos a dedos del Ayuntamiento de La Laguna desde los tiempos de Oramas, luego con Clavijo y ahora con Díaz, no parece buen negocio contratar con esta Corporación Local. Un par de ejemplos los encontramos en el organismo de música, que tarda de media 132 días en pagar una factura, mientras que el de Deportes se eleva hasta los 238 días.

La relación es notable, como se comprobó con el notable vapuleo dado por la oposición al equipo de CC-PSOE en el reciente debate sobre el estado del municipio, pero sin duda pone la guinda el apoyo incondicional del concejal de los mensajes de corte machista, Zebenzuí González, a Díaz y Martín, quienes se lo agradecen al no participar en los actos que su presencia provoca en cada pleno.

Ni Díaz ni Martín secundan las protestas contra Zebenzuí

Dijeron sumarse a las críticas por los mensajes de corte machista del edil Zebenzuí González, pero los hechos son tozudos: Zebenzuí vota siempre a su favor, y José Alberto Díaz y Mónica Martín no participan en las protestas por su presencia en cada pleno. Más claro, agua.