caso sinpromi

Hernández Pedreira será juzgado por un jurado popular por el caso Sinpromi

Tras dos años del último auto del caso Sinpromi, el Juzgado de Instrucción detecta un error procesal que devuelve todo el procedimiento por el polémico asunto a dos años atrás

El exresponsable financiero de la empresa pública del Cabildo de Tenerife Sinpromi, Andrés Hernández Pedreira, en una imagen de archivo. Sergio Méndez
El exresponsable financiero de la empresa pública del Cabildo de Tenerife Sinpromi, Andrés Hernández Pedreira, en una imagen de archivo. Sergio Méndez

Por Moisés Grillo / Tinerfe Fumero

El caso Sinpromi, tras casi dos años sin noticias de modificación en el procedimiento procesal abreviado, que era el que estaba instruyendo el Juzgado de Instrucción Número Dos de la capital tinerfeña, será juzgado, finalmente, por un tribunal de jurado popular. Según se recoge en un auto al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, fechado el pasado 6 de julio, el exresponsable financiero de Sinpromi, Andrés Hernández Pedreira, y el exgerente, Víctor García Díaz, se sentarán en el banquillo de los acusados ante un jurado popular porque el citado juzgado ha decidido anular todo el procedimiento desde el 19 de septiembre de 2016.

Según se recoge en el auto donde se decide dicha nulidad, “el procedimiento abreviado es un cauce inadecuado para el enjuiciamiento de los hechos objeto del presente caso, presuntamente constitutivos de malversación de caudales públicos y falsedad documental”, argumento que ha motivado tal anulación.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, ante tal error, que no fue detectado por ninguna de las partes involucradas en el caso, ni por los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife como actor civil, ni por las acciones populares que emprenden Podemos y Sinpromi, hay que anular todo el procedimiento desde esa fecha, por cuanto se corre el riesgo de que, en una instancia superior, se echase por tierra todo lo tramitado ante semejante incorrección de carácter procesal.

La consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, formación política que está personada en el caso como acción popular, Mila Hormiga, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “es un asunto meramente procesal en la que se revisan actuaciones durante la tramitación del proceso.” Hay que dejar claro que “no es una revisión de la Fiscalía, ni del Juzgado de Instrucción, en lo que se refiere a elementos sustantivos o de trascendencia sobre el fondo.” “Además, según nuestros servicios jurídicos, resultaba procedente la modificación, ya que no se adecuaba a la normativa procesal, pero no supone ningún cambio de criterio del tribunal de instrucción, ni de la Fiscalía, ni de la acusación popular que representamos nosotros”, precisó. Desde el punto de vista de la formación morada, que Pedreira sea juzgado por un jurado popular, “nos parece positivo, dado que un tribunal compuesto por ciudadanos es un elemento de empoderamiento democrático que nosotros apoyamos”, concluyó.

 

Fiscalía

Hay que recordar que la Fiscalía pide una pena de 13 años de cárcel para Andrés Hernández Pedreira, el exresponsable de las finanzas de Sinpromi, por el presunto desfalco cometido en las cuentas de dicha empresa del Cabildo de Tenerife. Por el contrario, el Ministerio Público al parecer no acusa al otro investigado por este escándalo, el exgerente de Sinpromi, Víctor García Díaz, a pesar de que la magistrada que instruyó el caso destacó en un auto “la falta de supervisión y control por parte de sus superiores jerárquicos, tanto del gerente Víctor García Díaz, como de la consejera delegada Carmen Rosa García Montenegro”, si bien la ya exconsejera nunca ha figurado como investigada en este proceso. De cualquier modo, Víctor García será juzgado, ya que la acusación ejercida en este proceso por Podemos sí que lo acusa de un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Aunque la referida pena de 13 años de cárcel solicitada por la Fiscalía para Hernández Pedreira es similar a los 14 años que solicitan las otras dos acusaciones (la ya citada de Podemos y la de Sinpromi), hay diferencias entre las conclusiones provisionales de las mismas. Para Podemos y Sinpromi, Hernández Pedreira debe responder por malversación de fondos públicos y falsedad documental, pero el Ministerio Público solo coincide en el primero de dichos delitos, ya que entiende que la falsedad fue sobre documento oficial, en referencia a la manipulación de la contabilidad con la que se disfrazaba el quebranto económico en cuestión.

Respecto a la perspectiva económica, la Fiscalía ha optado por la valoración más baja de la horquilla fijada por los auditores judiciales, que cifraron lo defraudado entre, al menos, 1.190.238,90 euros (lo que reclama ahora la Fiscalía a Hernández Pedreira) y, como máximo, un total de 1.506.914,44 euros. Por el contrario, los especialistas de la Policía Nacional llegaron hasta los 1.687.827 euros, justo lo que exigen las otras dos acusaciones que debe ser reintegrado a Sinpromi.

El caso Sinpromi no es un caso más. Se trata de la empresa insular que vela por los derechos de los discapacitados, algo de por sí escandaloso, pero además Andrés Hernández Pedreira era entonces una emergente estrella mediática en Tenerife gracias a los éxitos del club de fútbol sala Uruguay, a donde precisamente fueron a parar, presuntamente, una parte importante de lo defraudado. Presidido por el hoy encausado, el Uruguay no solo ascendió a la División de Honor, sino que lo hizo jaleado desde las gradas por los principales políticos de Tenerife, sobre todo de Coalición Canaria, a rebufo de un equipo que se ganó la simpatía de muchos aficionados. Justo cuando la vida más sonreía a quien antaño diera clase el hoy presidente del Cabildo, Carlos Alonso, se detectó el desfase de las cuentas, en parte reconocido por el propio Andrés al ser detenido el 25 de octubre de 2014.

 

Nueva dilación para un tema escandaloso

Este retraso de dos años en el procedimiento relacionado con el caso Sinpromi, uno de los escándalos más sonados de las administraciones locales en muchos años, puede facilitar que, finalmente, los acusados se beneficien, en el supuesto de que finalmente sean condenados, de la atenuante por dilaciones indebidas, dado que no son los responsables de estas demoras.