La mala praxis de determinadas entidades financieras (especialmente el Santander) a la hora de articular las llamadas Agrupaciones de Interés Económico (AIE) para llevar a cabo producciones cinematográficas ha motivado que Hacienda haya puesto el foco en las deducciones fiscales existentes en Canarias para las mismas. Lógicamente, ello ha despertado la consiguiente preocupación e incertidumbre en el sector audiovisual isleño, mientras que el propio Gobierno de Canarias ya se ha dirigido al estatal para que aclare la legalidad de estas deducciones en el Impuesto de Sociedades.
Por ahora, el principal afectado es un largometraje de gran éxito, Éxodus: Dioses y Reyes, a cuya productora se le ha levantado un acta para exigir la devolución de lo ahorrado gracias a tales deducciones, aproximadamente 35 millones de euros, tal y como adelantó El Economista.
Además, la Agencia Tributaria ha puesto su punto de mira en otras producciones que se beneficiaron igualmente de estas ventajas fiscales, entre las cuales se encuentran El Niño y Palmeras en la nieve, además de otros proyectos de menor enjundia.
Tal y como recuerda el citado medio digital, “en algunas de estas operaciones han intervenido entidades como el Santander o Banca March, importantes medios de comunicación como Atresmedia o Mediaset, así como empresas familiares, vinculadas en muchos casos al sector turístico, y productoras más pequeñas como Ikiru, Tornasol o Nostromo. Ahora, estas empresas exigen al Gobierno de España que frene estas actuaciones que generan inseguridad jurídica y amenazan el pujante sector cinematográfico en España y, muy especialmente, en Canarias, donde los incentivos fiscales son superiores”.
Para hacerse una idea de lo que supone la captación para las Islas de un proyecto como Éxodus: Dioses y Reyes, basta con recordar que la Andalucia Film Commission cifró en 43 millones de euros la inversión directa realizada por esta producción entre Almería y Fuerteventura, además de que se generaron casi 1.000 contrataciones de entre tres y cuatro meses.
Sin embargo, estas dudas de la Agencia Tributaria sobre la correcta aplicación de estas deducciones en el Impuesto de Sociedades no son nuevas, dado que en 2017 ya se inspeccionaron las mismas. Para solventar tales problemas, las autoridades acordaron aprobar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de dicho año donde se clarificase cuándo una AIE resultaba ser efectivamente la productora.
“Fue la propia Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda quien impulsó esa enmienda de consenso para aclarar cuáles eran los requisitos y las circunstancias que había que tener en cuenta para que las AIE disfrutaran del incentivo. La enmienda se materializó en esa disposición adicional 126”, explicaban ayer a DIARIO DE AVISOS desde la Consejería regional de Hacienda.
Cuando aún se dilucidan los tres expedientes abiertos a otras tantas producciones en 2017, el conflicto se reabre para pesar del sector audiovisual isleño, temeroso de que los inversores se retraigan ante la sensación de inseguridad jurídica que se desprende de lo acaecido. Todo ello, a pesar de que los expertos consultados por este periódico advierten de que, en realidad, lo que persigue la Agencia Tributaria este año no tiene que ver con las AIE como tales, sino con el modo de articular las mismas que llevan a cabo entidades como el Santander.
Cabe recordar que las bonificaciones canarias a estas producciones son realmente atractivas, al suponer un crédito fiscal del 45% para el primer millón invertido y del 40% para el resto en las producciones nacionales, así como una deducción fiscal del 40% para las internacionales. Solo en 2017, los rodajes dejaron 30 millones de inversión directa en las Islas.
Dávila reclama a Hacienda que deje clara la legalidad de las deducciones
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, solicitó el pasado jueves a la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, que emita una instrucción o circular donde se aclare, sin dejar resquicio a duda alguna, que las actuales deducciones fiscales que se conceden en las Islas a las producciones cinematográficas a se ajustan a la legalidad. Para ello, Dávila envió ayer una carta oficial a Bardón a tal fin y, en los próximos días, la Consejería de Hacienda le pedirá una reunión para tratar el asunto, detallaron ayer fuentes oficiales de dicho departamento del Ejecutivo regional.De todas formas, el de ayer no fue el primer contacto, dado que la directora de la Agencia Tributaria Canaria, María Jesús Varona, ha mantenido reuniones y conversaciones con asesores fiscales y con la Dirección General de Tributos, así como con el gabinete de la nueva secretaria de Estado de Hacienda y con la AEAT para evitar una controversia que el año pasado parecía zanjada.
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