La élite político-intelectual de Canarias no quiere ser menos que otras comunidades autónomas y, en la reforma del Estatuto, apela a una identidad colectiva, lingüística y cultural diferenciada. Como no existe un idioma propio (sí hay una academia), la Administración autonómica se atribuye la regulación de las “particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias”. Corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, “sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución”, que incluye la ordenación del “régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que lo integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos, así como los bienes inmateriales de la cultura popular canaria”.
Canarias asume el control exclusivo de “los archivos, las bibliotecas, los museos y los centros de depósito cultural de titularidad estatal situados en el Archipiélago cuya gestión no se reserve expresamente el Estado.” La Administración autonómica cooperará con otras comunidades y la general del Estado para la “gestión eficaz de los fondos propios, dentro o fuera del Archipiélago, y con los de otros territorios”. Establecerá “las medidas necesarias para garantizar el acceso a la cultura de la ciudadanía considerando la fragmentación territorial, las desigualdades sociales, económicas o de cualquier otra índole”. La competencia exclusiva comprende las actividades artísticas y culturales en Canarias. El fomento de la cultura integra la difusión de la creación y la producción teatrales, de la danza y de las artes combinadas. Se introducirán incentivos fiscales dentro de su jurisdicción.
En investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, el Gobierno de Canarias formulará, en coordinación con los departamentos ministeriales implicados, políticas ajustadas a la realidad regional.
El deporte y las actividades de ocio se juntan en el artículo 136: la competencia exclusiva abarca la “garantía del acceso público a las instalaciones, la promoción del derecho al transporte y comunicación intrainsular e interinsular de deportistas y equipos deportivos”. Los partidos habrá que jugarlos.
