‘El Proceso’ de Samara: Desahucio, menores, política y protección de datos

Agosto es mal mes para un desahucio, especialmente si esperas respuesta al otro lado del teléfono que suena insistente y sin obtener respuesta en los despachos de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias. El calendario vacacional es más fuerte que la impotencia de Samara. Ni ella ni la trabajadora social que lleva su caso desde la Concejalía de Asuntos Sociales de Los Llanos de Aridane, una mujer a quien le está “agradecida eternamente”, logran contactar con nadie a través de los números de teléfono de ese departamento regional. Mientras tanto, el tiempo para que se ejecute la sentencia de desahucio, en virtud de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que preside la popular Noelia García Leal, se agota.

La alcaldesa apela a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, para eludir cualquier comentario sobre el caso de Samara. Defiende el trabajo realizado por Servicios Sociales en este proceso durante dos años, y asegura que en el municipio, hay más casos de emergencia social para los que se buscan soluciones, bien con un alquiler social o con medidas de empleabilidad.

Es esa misma normativa estatal, el argumento que dan a este rotativo los funcionarios del departamento municipal de Servicios Sociales cuando derivan de forma reiterada a la alcaldía para tratar cualquier asunto relacionado con el desahucio de Samara, cuya ejecución de sentencia, tal y como argumenta la propio Samara asesorada por su letrada de oficio, “podía haber evitado el Ayuntamiento”.

Con sentencia firme por violencia de género; solicitante de vivienda protegida desde el año 2004; familia monoparental y numerosa, y notificada con fecha de desahucio este lunes, Samara espera que “alguien conteste al teléfono en el Gobierno de Canarias, en Vivienda o que el Ayuntamiento de Los Llanos haga algo para evitar que me saquen de la casa. Que me manden a otro sitio, que me den una vivienda, pero tengo que tener un techo para mis hijos, no me puedo quedar en la calle”.

Intervención del Diputado del Común

El Diputado del Común Rafael Yanes, dio ayer instrucciones a la Adjunta de Igualdad del organismo, Beatriz Barrera, que el martes se desplazará hasta la vivienda que ocupa Samara junto a sus tres hijos en la promoción de la Cruz de La Paloma. “Como Diputado del Común no puedo actuar en el marco de un proceso judicial y con sentencia firme, aunque se trate de un desahucio -explicó- pero sí actuamos ante un hecho grave, la posibilidad real de que una madre con tres hijos menores pueda quedarse en la calle. En esto sí podemos y debemos intervenir”. Así lo explicó Yanes, que trasmitió su preocupación por un asunto que calificó de “delicado” y que requiere de “una atención urgente”.

Samara salta al menor sonido del teléfono. Espera noticias, ya sea de la trabajadora social, de la Dirección General de la Vivienda o de la alcaldesa. Y vuelve a marcar el número, y vuelve a no haber respuesta. Cuelga decepcionada.

Samara pide disculpas por todo. Si en un instante quiere mostrarse segura y decidida a luchar, buscando nueva documentación, invitándonos a sentarnos en el austero y triste salón, de repente la delata una mirada que baja hasta el suelo, sus manos nerviosas, la ansiedad al oír llorar al pequeño de once meses en la habitación de al lado, su pulsión al salir disparada para tranquilizarlo.

Samara quiere ser fuerte pero es presa de una inseguridad cronificada en la falta de recursos, en el miedo a la desesperanza. Se disculpa de sí misma, de no tener empleo, de su situación, de la vida.

Y de repente, ante la voz de su hijo de ocho años, que quiere comer algo que su madre le trae de inmediato de la cocina, Samara recupera el valor y la entereza y se rearma en la mujer que no abandonará voluntariamente la casa de protección oficial de la que está desahuciada. “No tengo a donde ir”, “no puedo irme a la calle, no puedo abandonar sin más y dejar que todo vaya peor”.

Lo que más le duele a Samara es que algunos, con versiones confusas que asegura, salen oficiosamente de las dependencias municipales, la acusen de querer que le solucionen los problemas sin más, que la acusen de no querer trabajar, de tener la culpa, de haberse buscado el callejón sin salida, en el que está. “Es mentira, mentira…” repite. “Quiero salir adelante, quiero criar a mis hijos, quiero un trabajo, pero las cosas no han salido bien y no puedo dar la razón a quienes no les importa que me quede en la calle con mis hijos. Aunque quisiera, no puedo hacerlo”. Quedan dos días.

El lunes se cumple la fecha de ejecución voluntaria de la sentencia de desahucio contra Samara y sus tres hijos, de once meses, ocho y 17 años. El jueves de la próxima semana, 23 de julio, si nadie lo remedia, agentes de la policía se personarán a partir de las 10:30 horas en la vivienda que Samara ocupa en la promoción de viviendas de la Cruz de La Paloma, a menos de 500 metros del despacho de la alcaldía, para ser desalojada.