Es muy complicado aceptar la propuesta de Esquerra Republicana de anular todas las sentencias dictadas por los tribunales del franquismo, en base a que emanan de un poder ilegítimo; y lo es porque resulta difícil establecer como argumentación la ilegitimidad cuando no coincide con las formas políticas del tiempo en que se las cuestiona. Advierto, de entrada, y para que no haya mal entendidos, que no pretendo hacer una defensa de ese régimen deleznable, sino que intento destacar el riesgo intelectual que conlleva hacer una revisión de la legitimidad de los procesos históricos que no se avengan a las circunstancias desde las que se les juzga. Podríamos concluir que los actos emanados de una administración ilegítima también lo son y, de esta manera, llegaríamos a borrar de la historia la vida de millones de ciudadanos durante cuarenta años.
Ahora se cumplen otros cuarenta de nuestra Constitución y no son pocas las voces que consideran que fue un fraude, que la transición fue un engaño y, por tanto, todo lo emanado de esos hechos no puede ser reconocible por quienes pretenden eliminarlo de un plumazo en cuanto puedan. Todo esto demuestra que en España no hemos superado nada, que estamos otra vez en el origen; que esta democracia no ha existido, que solo ha sido un sueño alimentado por unos ilusos, que la auténtica memoria para desempolvar el pasado es la que puso José Luis Rodríguez Zapatero sobre la mesa y cuyas consecuencias, por expansión, nadie supone a dónde nos pueden llevar. Ahora se trata de legitimaciones. Esta propuesta de desligitimar un período de nuestra historia administrativa y política proviene de quienes se dicen legitimados por el 47% de los votos y, además, por el resultado de un referéndum ilegal y fraudulento.
¿Son estos los que establecen dónde está la legitimidad? El debate está servido. Como siempre, hay quien no le da importancia y lo considera algo simbólico. Desde este punto de vista no será difícil que Pedro Sánchez acepte el envite de ERC, pero lo que se abre es un camino peligroso. Por poner un ejemplo, bastaría con deslegitimar a los Reyes Católicos para poner en duda la unidad de España desde el momento en que se constituye como Estado unitario. Esto, dadas las simpatías del régimen franquista por el periodo histórico de Isabel y Fernando, nos conduciría a un razonamiento transitivo para justificar el desmantelamiento del territorio español cohesionado bajo una norma de gran calado nacional.
En esta fiebre de fumigar todo lo que huela a franquismo cabría cualquier argumentación. Por este procedimiento quedarían deslegitimados los romanos, el califato de Córdoba, la colonización americana, Felipe II, Felipe IV y Velázquez que lo pintó, y todo lo que la historia ha construido que no coincida con el periodo en el que el Gobierno del Frente Popular, que parece ser lo único legítimo que ha habido en España, estuvo en el poder, incluyendo los años de la Guerra Civil.
Todo lo que proviene de un órgano ilegítimo también lo es. Por tanto, todos los títulos universitarios, todos los negocios y transacciones obtenidos al amparo de normas sin legitimación deben ser revisados como si fueran el máster de Pablo Casado. Hay que anularlo todo, que no quede títere con cabeza. López Garrido advierte del peligro de una cascada de recursos de todo tipo, en ese afán que tenemos los españoles por cantonalizar los problemas, pero de lo que no alerta es del tremendo hachazo que se le da a la historia si entramos a saco en un tiempo de revisionismo interesado.
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