“No le vamos a devolver problemas a los ayuntamientos, los vamos a solucionar”

El órgano ambiental del Cabildo de La Palma, constituido al amparo de la Ley del Suelo de Canarias y deseado sustitutivo de los lentos procesos administrativos de la Comisión de Ordenación y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), ha recibido las solicitudes de los ayuntamientos palmeros de Puntagorda y Tijarafe para ejercer la tutela en los informes de impacto ambiental que constituyen la columna vertebral de determinados proyectos de futuro en ambas localidades. Así lo explicó el consejero de Planificación del Cabildo insular de La Palma, el socialista Gonzalo Pascual, quien detalló que “de momento ninguno de los 14 ayuntamientos de la Isla han solicitado constituir su propio órgano ambiental, tal y como permite la Ley del Suelo”, una situación que le hace pensar en “el trabajo que desarrollará, intentaremos que con un mecanismo ágil y efectivo que está puesto en marcha desde el pasado mes de enero de este año”, en el órgano competente de ámbito insular que elaborará los informes ambientales de los que dependerán en última instancia administrativa, sin más margen para rebatirlos que las instancias judiciales, proyectos y planes urbanísticos.

El consejero defiende la aspiración de consolidar, en este proceso y con el equipo técnico conformado para la puesta en marcha de esta entidad, “una actividad resolutiva y eficiente, ágil y garantista en los procedimientos y con un perfil profesional en el que se ha incorporado la presencia de un arquitecto, consolidando un equipo que podrá dar respuesta a todos los procedimientos que el Cabildo, con este órgano ambiental, tendrá que asumir”. Asegura que “no le vamos a devolver problemas a los ayuntamientos, los vamos a solucionar”, afirmó Gonzalo Pascual, quien estima que a partir de ahora y de forma progresiva, el resto de ayuntamientos palmeros irán solicitando la actuación de este nuevo órgano, que ya ha asumido parte de las funciones de la Cotmac en virtud de la Ley del Suelo, en vigor desde septiembre del pasado año 2017.

El órgano ambiental, decisivo en la ejecución de la planificación y en la autorización o no de los proyectos urbanísticos y de edificación de La Palma en el futuro, cuenta con cinco miembros, algunos de ellos biólogos, además de un letrado y un arquitecto, éste último incorporado tras la petición del Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma, en una petición valorada por el Cabildo y su área de Planificación, pese a que insisten en que “lo contemplábamos como parte fundamental del equipo de trabajo”. De esta matriz se derivan además dos subcomisiones, una de ellas para la Edificación y otra para el área de Urbanismo. El Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma considera imprescindible que en ambas subcomisiones se integre a dos arquitectos. A este respecto el decano de la entidad que agrupa al grupo profesional de los arquitectos en La Palma, recordó meses atrás que temía que el Cabildo mantuviera “la idea equivocada, lamentablemente extendida a veces también entre los políticos, de que la Arquitectura se circunscribe a la construcción, y mucho más allá de eso, crea, controla espacios, su gestión y su normativa”.