Casi en la recta final de la novena legislatura, el Parlamento de Canarias inicia el periodo de sesiones con veintiséis iniciativas legislativas en la recámara: diez proyectos (del Gobierno), quince proposiciones (de los grupos) y una proposición del Cabildo de Fuerteventura. Desde julio de 2015 se han registrado 17.287 iniciativas de todo tipo, de las que están cerradas 14.234 y permanecen vivas, por lo tanto, 3.053. Entre 2011 y las últimas elecciones autonómicas se computaron 19.121. Dos de esas quedaron abiertas: nombramientos/designaciones para la Audiencia de Cuentas y el Tribunal Constitucional. A este ritmo, es fácil deducir que la cifra global en el contador de actividades se superará antes de la disolución previa a los comicios de mayo de 2019. No resulta tan sencillo, sin embargo, evaluar el rendimiento por el volumen de trabajo, porque cualquier comparativa rigurosa habría de considerar al menos dos factores diferenciadores objetivos: ahora participan en el reparto de tareas dos grupos más (Podemos y Nueva Canarias) y la octava legislatura se desarrolló al completo con un pacto de gobierno sólido (CC-PSOE), una misma combinación que en esta ocasión se frustró en diciembre de 2016, después de que Fernando Clavijo expulsara a los cuatro consejeros socialistas (incluida la vicepresidenta, Patricia Hernández) con la justificación de las “deslealtades” de sus aliados.
Los proyectos de ley que se encuentran en la fase de tramitación son estos: derogación del apartado c) del artículo 4.2 de la ley 2/2013, de renovación y modernización turística, para cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional; de Servicios Sociales; del Régimen Jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos; del Deporte; Calidad Agroalimentaria; Colegio Profesional de Logopedas; Patrimonio Cultural de Canarias; Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; de Bibliotecas, y del Estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno. En lo que va de legislatura suman dieciocho (veintiocho, en la octava). Este martes se volvió a reunir la ponencia nombrada para el proyecto de ley de Servicios Sociales, que fue presentado en febrero después de cinco años de tramitación y diez borradores para sustituir la normativa de 1987. En el debate de primera lectura, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, destacó como novedad que se aborda el concierto social y se abre una puerta a la estabilidad de los recursos a las 1.093 entidades del sector. Gracias a una enmienda introducida por Podemos, “la ciudadanía podrá denunciar por la vía administrativa y judicial, como actualmente sucede con el Servicio Canario de la Salud, cualquier incumplimiento por parte de las administraciones públicas a una prestación o servicio a los que tenga derecho en virtud de la cartera incluida en la futura Ley de Servicios Sociales”.
El pleno dio un empujón en mayo a la futura ley de altos cargos y buen gobierno tras rechazar la enmienda de devolución de Podemos. El titular de Presidencia, José Miguel Barragán, defendió un proyecto “transparente” surgido en la etapa de Aarón Afonso (PSOE). Su cambio “más conocido” es la regulación sobre la reincorporación a la actividad privada: “La limitación de dos años para volver a sus puestos de trabajo podría tener efectos perniciosos y que los profesionales más exitosos descartarían aportar sus conocimientos al público si les castigaba con los dos años y se les privaba de sus fuentes de ingresos, algo que no ocurre con los empleados públicos”.
Dos de las proposiciones de ley las firman los seis grupos parlamentarios: de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, y la de modificación de la ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales. La reforma de la Ley de Pesca no la suscribe Podemos. Por lo demás, hay dos propuestas de modificación de la Ley 13/2014 de RTVC: una del PSOE y otra de CC-PP-ASG. De igual manera, el PSOE y CC-PNC han planteado por separado medidas para “garantizar la representación paritaria en las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias” y la “representación equilibrada entre mujeres y hombres en la composición de los órganos de relevancia estatutaria”. El PSOE añade una proposición para cambiar la Ley 1/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres. A título individual, los socialistas aportan cinco; Podemos, dos, y una cada uno de los grupos de CC-PNC, PP (creación de la entidad pública empresarial Instituto Tecnológico de Canarias), NC (impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos alojativos) y Mixto (Fondo de Solidaridad Interinsular de Canarias). En la actual legislatura se han cerrado trece proposiciones. En la octava fueron veintitrés.
Proposiciones de los cabildos han entrado cuatro (seis en la octava legislatura). La última corresponde a Fuerteventura, para la aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (de las grandes ciudades).
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas