Los colegios de abogados de Canarias advirtieron ayer de que tienen previsto convocar una huelga general del turno de oficio si no se aumentan sus retribuciones actuales por parte del Gobierno de Canarias.
Los representantes de estos letrados sostienen que las negociaciones con el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo “al objeto de recuperar el nivel retributivo en el turno de oficio [asistencia jurídica gratuita] llevan estancadas desde el año 2015” y piden su desbloqueo de inmediato.
Representantes del Consejo Canario de Colegios de Abogados (CCCA), con su presidente Carlos Viña al frente, tienen previsto reunirse pasado mañana, jueves día 20, con el consejero de Presidencia Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo González, pero antes de dicha cita han querido advertir públicamente de que “si sus reivindicaciones no son finalmente atendidas, se realizarán movilizaciones”. De hecho, sostienen, se podría llegar “incluso a una huelga general del turno de oficio” en las Islas. Para cargarse de razones, los portavoces de los abogados afectados recordaron que “la inversión destinada por Canarias al Servicio de Justicia Gratuita en 2017 sufrió un descenso del 3,8% respecto a 2016”. “A pesar de dichos recortes y el tiempo transcurrido, la abogacía canaria no ha dejado de atender a los ciudadanos en defensa de sus legítimos intereses y derechos fundamentales”, aseguraron.
Malestar
Los colegios de abogados han asegurado que la reclamación de mejora para este colectivo de juristas ha sido “insistente”, y sostienen que entre los colegiados afectados se siente “malestar” por los “drásticos recortes derivados de la Orden de 29 de julio de 2010 y el Decreto 100/2012 de 28 de diciembre, y que suponían una rebaja del 20%”. “Es por ello que, en las tres reuniones mantenidas desde esa fecha hasta hoy con el Gobierno de Canarias, el Consejo Canario de Colegios de Abogados lleva abordando como tema urgente las escasas retribuciones del Turno de Oficio, recortadas ocho años atrás, y la necesidad de recuperar el nivel retributivo una vez superada la crisis que motivó su recorte hasta dejarlos en niveles ridículos sin ni siquiera actualizar desde entonces el Índice de Precios al Consumo (IPC)”, defendieron los abogados en cuestión.
La Justicia gratuita es un derecho reconocido por la Constitución española que, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. El contenido de este derecho consiste en garantizar a todos los españoles el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.
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