No deja de ser curioso que, cuando a Fernando Clavijo le pidieron explicaciones por el caso Grúas desde una comisión del Ayuntamiento de La Laguna, prefiriese acogerse a su privilegio de contestar por escrito, para ayer presentarse ante el Parlamento de Canarias por voluntad propia sin que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya decidido si finalmente lo llama a declarar como imputado (ahora investigado), tal y como defienden tanto la jueza como el fiscal instructor. Fue Rubens Ascanio (cuyo grupo, Unid@s se puede, ejerce una acusación popular en este caso) el que, vía Twitter, recordó ayer lo contradictorio de la actitud presidencial a la hora de dar explicaciones, aunque hubo quien, como Australia Navarro (PP), sospechó que lo que “Clavijo quiere es que el Parlamento lo absuelva antes; se hace trampas al solitario”. Para José Miguel Ruano, no había dudas: “Desde el momento en que la jueza ha elevado el caso al TSJC, hay que informar al Parlamento de Canarias”, dijo el de CC.
Lo realmente importante es que Clavijo se limitó ayer a ensayar su línea de defensa en caso de que finalmente se le acuse en el TSJC de cometer los delitos de prevaricación y malversación que le achacan. Como quiera que el fiscal y la jueza solo se interesan por cuestiones relacionadas con el polémico préstamo de 120.000 euros a la concesionaria, vino a decir el presidente, aclaro esos dos asuntos, y en paz.
Más allá de que sus explicaciones sobre si realmente se fijó un aval y un plazo para devolver dicho préstamo con un procedimiento aceptable para nuestro ordenamiento jurídico (precisamente la tarea que ahora debe afrontar la Justicia), la oposición esperaba saber algo más sobre las posibles responsabilidades políticas de lo actuado por Clavijo en el caso Grúas. Por ejemplo, que los levantamientos de reparos se convirtieran en un modus operandi en el Ayuntamiento de La Laguna y no en la medida excepcional que debe ser, que el anterior dueño acuse bajo juramento al hoy presidente regional de presionarle para que vendiera la concesionaria, o las supuestas conexiones personales de la mayoría de aquellos empresarios con el propio Clavijo son solo algunas cuestiones de las que ayer prefirió no hacer mención.
De resto, la cansina insistencia sobre que se trata de una acusación política (por mucho que la haga suya un fiscal y una juez) o que el caso Grúas no costó un euro al erario público, cuando se vendió la empresa sin concurso ni transparencia alguna.
Ayer, Clavijo habló como si estuviera en el juzgado, más que en el Parlamento. O, al menos, eso pensaron muchos de sus adversarios políticos.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas