Antes muerta que sencilla

on la música fusión de esta canción del flamenco-pop hispano ponemos ritmo al momento, antes muerta que sencilla. Concentra el título las dificultades para hacer en Canarias las leyes y normas claras y sencillas. Lo aplicamos a dos ejemplos, sabiendo que en todos los rincones estamos igual. Al Estatuto de Autonomía de Canarias y a la nueva Ley del Suelo. El actual Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982 tiene 65 artículos y 11 disposiciones. El nuevo Estatuto en tramitación nos pasa a 200 artículos y 9 disposiciones. La Constitución Española del 78 se resuelve con 169 artículos y 14 disposiciones.

Dicen que el nuevo Estatuto canario es de tercera generación. Calificación sorprendente, que no sabemos si obedece a que triplica su articulado, o que hace tres veces más complejo lo que de él depende. Cuando se inicia a tramitar en 2014, Canarias, luego de cuatro años, no es consciente del Tratado de Lisboa y su aplicación vía normativa Bolkestein, vigente ya desde 2010. El Estatuto legisla sobre la legislación básica nacional y con ello sobre competencias que no le son propias, del Estado, del Tribunal Constitucional y de la propia Constitución. De tal manera que el Estatuto se convierte en protector efectivo de la libertad de empresa en una economía de mercado. Es el responsable del pleno empleo y de la redistribución de la riqueza. Se arroga la competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica y de su desarrollo y gestión. Lleva hasta inventarse una renta de ciudadanía, que traslada a posterior desarrollo legislativo, cuando el balance fiscal canario es negativo en 4.000 meuros. Construye un derecho a la memoria histórica. Cajones donde abrir toda suerte de desagravios económicos y simbólicos, donde exportar las responsabilidades internas.

Como alguien ha señalado es un experimento de dadaísmo estatutario, montado sobre la irresponsabilidad recaudatoria de las autonomías. Y sin embargo sus efectos son demoledores. Por dos razones, diluye la seguridad jurídica y el mercado nacional y construye obligaciones públicas crecientes detraídas de la sociedad civil. Aprovecha para incrementar el número de parlamentarios y sus costes, incapaces siempre de resolver la política sin más impuestos.

Más gasto público y más regulaciones. En Canarias tenemos Diputado del Común, Comisionado de la Transparencia y Comisionado de Inclusión Social, con rango de consejeros e infraestructuras propias y en varias islas. Las estructuras triplicadas diluyen las fronteras entre competencias centrales y autonómicas, derivando en conflictos jurisdiccionales que bloquean la actividad. Canarias es una autonomía muy intervencionista, como lo hemos visto en la Ley del Suelo. Se hace con 407 artículos y 50 disposiciones, cuando la coetánea gallega se resuelve con 168 artículos y 31 disposiciones. Todo triple.

El mundo ya se mueve con otras pautas. En las reciente elecciones de Quebec, en Canadá, el Partido Quebequés se ha visto desplazado a la cuarta posición. Preocupan allí la economía, la emigración y los servicios públicos. En la Columbia Británica canadiense acaban de suprimir el 50% de sus regulaciones. Menos de las que sobran en Canarias, que triplica las básicas. Esta forma de posicionarnos en los mercados traduce las dificultades de Canarias para sostener su REF y un crecimiento sólido. Que cerraremos este año por debajo de la media nacional.

Ya vimos cómo Canarias fue incapaz de recibir empresas expulsadas de Cataluña, donde se repite el ejemplo de Quebec. Se hace necesario otro diseño institucional. De primera generación, no de tercera, y ligado al emprendedor. Sencillo y que no nos mate, al revés de la canción.