César Gil: “Habría preferido un cáncer a vivir esta chapuza”

El denunciante del caso Los Tarajales, el empresario César Gil, reconoció ayer durante su intervención en el segundo día del juicio que dirime la legalidad del edificio Balcón de La Palma del Puerto de Tazacorte, que “habría preferido un cáncer a vivir esta chapuza”. El propietario de Inversiones Cook relató además que tenían proyectado la construcción de un hotel urbano en el solar sobre el que finalmente construyó el edificio el grupo Diursa.

Para ello firmó un contrato de compraventa con la citada constructora, que había adquirido el solar en 1999. Una operación de la que huyeron, según su testimonio expuesto ayer en el sala sexta de Lo Penal, al enterarse que sobre el terreno pesaban dos sentencias por las que perdía el carácter urbano el solar al hallarse dentro de los 100 metros de protección del dominio público marítimo terrestre. Tenía “un vicio oculto”, era “un polvorín”, como se ratificó ante las preguntas de los letrados.

Gil negó conocer estos fallos judiciales que podían comprometer el futuro de este solar hasta que comenzó a tramitar la opción de compra. Asimismo, indicó que realizaron un proyecto “a nivel básico”, pedido por el alcalde, que lo llegaron a presentar ante los miembros de la Corporación de Tazacorte.

Una operación que, según Gil, le ha costado muy cara. “Yo garanticé con 11 millones de patrimonio, de los que no queda nada”. Un argumento que ha empleado también para contrarrestar las críticas de que carecía de solvencia para sacar el proyecto adelante.

El propietario de la compañía Diursa, Ulpiano González, que compareció como testigo por videoconferencia, es precisamente de esta teoría y asegura que no se acordó la venta “porque no tenían dinero” y no porque desconociera la situación urbanística del terreno. Además recalcó que se vieron obligados a interponer una demanda contra Inversiones Cook para deshacer el contrato de “promesa de venta, que me ha vuelto de cabeza”. Litigio que ganaron en primera y segunda instancia sin que hayan cobrado aún la indemnización.

González defiende la legalidad de la licencia y asegura que su compañía se ha visto “perjudicada por todas estas actuaciones” y el “galimatías” de sentencias que existen sobre este espacio. “Nosotros compramos un solar, pedimos una licencia, cumplimos las normas, contratamos al mejor arquitecto que había en La Palma, pagamos los proyectos, las tasas de licencia, construimos y pedimos la primera ocupación”.