Tras varios días de incertidumbre, el Grupo Santander negó ayer que tenga la intención de vender a un fondo buitre llamado Cerberus los pisos que actualmente tienen la catalogación de Vivienda de Protección Oficial (VPO), lo que por ahora libra de esta operación a las 358 familias de Añaza que residen en dos promociones inmobiliarias construidas entre la avenida Bentecayse y la calle de La Coruja del popular barrio santacrucero.
En caso de confirmarse dicho anuncio, realizado desde la Dirección de Comunicación Externa de la referida entidad financiera al programa de la televisión autonómica Buenas tardes Canarias, se evitaría el temido drama social que supondría el desalojo masivo de todas estas familias, y del que se empezó a sospechar cuando, junto a las informaciones nacionales publicadas por la negociación del Santander con Cerberus, DIARIO DE AVISOS relató los temores ante un posible desahucio colectivo de, al menos, 80 de las familias afectadas, cuando se comprobó que la administradora de dichos edificios, una firma del Grupo Santander llamada Altamira, negó la renovación de alquileres a varios vecinos.
Eso sí, las garantías propias a la consideración de VPO de estas viviendas tienen como vigencia hasta 2021, cuando se cumplirá el plazo de 15 años desde la construcción de las mismas, realizada en 2006. A este respecto, el Grupo Santander asegura tener previsto aplicar su propio protocolo para aquellos casos en que los afectados se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
En ese sentido, cabe recordar que aproximadamente el 70% de las familias que residen en el conjunto de estas dos promociones inmobiliarias (o sea, las 358 viviendas) son usuarias de los servicios sociales, tal y como detalló en su día la concejala capitalina de Vivienda, Carmen Delia Alberto.
Por otra parte, la iniciativa llevada a cabo desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a propuesta de Stop Desahucios para frenar los desalojos previstos para estas fechas han tenido éxito.
Dicha iniciativa se plasmó en los escritos remitidos el pasado martes por el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, para frenar en los juzgados de la capital dos desalojos en estos bloques. Uno de ellos afectaba a un piso en el que residen tres personas y vencía hoy jueves, mientras que el otro tenía como fecha para el lanzamiento el próximo lunes.
Hay que recordar que, para este mismo mes, hay fechados oficialmente otros tres desahucios, pero la intención municipal es paralizar los mismos con idéntico argumento: las razones humanitarias previstas en el protocolo creado por el Ayuntamiento a tal fin en 2012.
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