en la frontera

Ética y lucha contra la corrupción

La ética aplicada a la función pública en general es, desde luego, un arma de gran eficacia en la lucha contra la corrupción. En este contexto, cada vez es más importante que se tenga claro, y por todos, que la actividad pública se justifica en la medida que supone atención esmerada a los asuntos colectivos ...read more →

La ética aplicada a la función pública en general es, desde luego, un arma de gran eficacia en la lucha contra la corrupción. En este contexto, cada vez es más importante que se tenga claro, y por todos, que la actividad pública se justifica en la medida que supone atención esmerada a los asuntos colectivos y que la integridad y la honestidad de los políticos y funcionarios es la condición necesaria para el ejercicio de estas relevantes actividades.
La idea del servicio a la colectividad implica que los poderes y potestades se ejercen en beneficio de la colectividad y no en provecho personal. Por eso la Ética pública se refiere no sólo a prevenir conductas negativas, sino a propiciar en el marco de la función pública un ambiente de trabajo riguroso, eficaz, y que proteja, defienda y promueva los derechos de los ciudadanos.

La corrupción, lo sabemos bien, ni es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno privativo de algunos países o culturas. Es tan antiguo como el ser humano mismo y se circunscribe a toda clase de tareas y actividades sin excepción, reflejando el ambiente moral de la sociedad. Por eso, la responsabilidad social es también un elemento de primera magnitud en la lucha contra la corrupción. De ahí que no sea baladí preguntarse si la sociedad civil ha asumido su responsabilidad en la lucha contra la corrupción. La colaboración, pues, entre ciudadanos y poderes públicos es, en este campo también, fundamental.

La responsabilidad es fundamental en la lucha contra la corrupción, sobre todo, contra la tendencia a que la discrecionalidad se enmascare bajo formas de razonabilidad o de control que, al final, no son más que groseras arbitrariedades. Así, el concepto de responsabilidad adquiere carta de ciudadanía en el dinamismo organizativo, pues desde la perspectiva de una conducta absolutamente determinada por unas fuentes externas, la esencia de la responsabilidad acaba por desvanecerse.

En este sentido, la responsabilidad del que ejerce el poder se engarza con la Ética pública, pues es el propio servidor público el que actúa de acuerdo con su leal saber y entender, si bien ciertamente la organización puede condicionar, pero nunca, ni de lejos, determinar, el sentido de la conducta del dirigente público. Puede ser que la jerarquía o los controles externos influyan sobre el funcionario, pero no hasta el punto de que se diluya su responsabilidad, como sabe muy bien quien haya tenido que trabajar en el proceloso mundo de la discrecionalidad administrativa.

Siempre existe la posibilidad de actuar de acuerdo con la propia conciencia y siempre se pueden, se deben, desobedecer las órdenes o instrucciones que supongan un atentado a la Ética pública, a la centralidad de la dignidad humana. Y eso, se esté donde se esté en la maquinaria administrativa.