La plataforma Stop Desahucios denuncia esta mañana, en nombre de los afectados, las irregularidades detectadas en el posible desahucio masivo de un número no determinado de familias en Añaza, en un caso que puede llegar a implicar a 358 familias santacruceras.
Para ello, parte de los afectados se han concentrado hoy frente al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, en un acto reivindicativo ante este drama social que, en caso de producirse, dejaría a tantas familias en la calle dada la incapacidad actual de las instituciones para ofrecer una respuesta inmediata.
Si bien se han aplazado los primeros desahucios, previstos para estos días, el pesimismo ha cundido entre los afectados al comprobar cómo el Santander, propietario actual de las viviendas, ha ignorado los requerimientos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias, a la par que ha reconocido el actual proceso de venta de los inmuebles en cuestión a un fondo buitre llamado Cerberus.
Dicha venta sería de dudosa legalidad al tener el Ejecutivo regional un derecho preferente de tanteo vigente hasta 2021, dado que se trata de Vivienda de Protección Oficial (VPO), pero todo apunta a que el Santander ha optado por una política de hechos consumados.
Entre las irregularidades detectadas, además de la propia venta a Cerberus, están las supuestas llamadas amenazantes a los vecinos o la inclusión de cláusulas que elevan los alquileres previstos para las viviendas protegidas.
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