Europa Press / DA
El Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y Endesa formalizaron ayer la firma de un convenio en el que se fijan los criterios del Bono Social Eléctrico, que incluyen que ninguna familia sin recursos sufrirá cortes en el suministro y en el caso de las personas en vulnerabilidad social severa se cubrirá el 100% del coste.
Los detalles de esta iniciativa fueron expuestos en una rueda de prensa por la consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido; el director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado, y el presidente de la Fecam, Manuel Plasencia. En principio, este nuevo bono social empezará a funcionar a partir del lunes.
Según las cifras actuales en disposición de la compañía, en las Islas hay 17.795 clientes, de los que 9.481 están calificados como vulnerables y 8.313 como vulnerables severos. En este último grupo, el coste del suministro será cubierto por Endesa en el 50% y el resto, a partes iguales, por el Gobierno regional y los ayuntamientos.
Casado no pudo precisar el coste, pero garantizó que no habrá cortes de suministro, dado que sus bases de datos estarán ahora vinculadas a los servicios sociales municipales y no descartó que el número de beneficiarios llegue a triplicarse. Los criterios para acogerse al bono social están vinculados al nivel de renta, tanto en relación al salario mínimo interprofesional como a las pensiones mínimas, y que los solicitantes sean titulares de un contrato de energía eléctrica.
Valido apuntó que con este convenio se asegura que ninguna familia en vulnerabilidad social en el Archipiélago se quedará sin suministro, y resaltó las mejoras en la tramitación de la documentación, que quedará en manos de los ayuntamientos, que se encargarán de los informes de vulnerabilidad social.
Plasencia comentó que garantizar el suministro eléctrico es una “prioridad” para los ayuntamientos, por lo que espera que todos se adhieran al convenio. Al respecto, insistió en que en los pequeños, aunque disponen de menos personal, también tienen menos expedientes, y cuando hay algún problema “se resuelve casi sobre la marcha”.
Sobre una eventual bajada fiscal en los presupuestos autonómicos de 2019 para contener el precio de la energía, propuesta el jueves por el PP, Valido respondió que lo desconoce.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley de medidas urgentes contra la pobreza energética, que amplía el límite para acceder al bono social eléctrico a más personas en riesgo de exclusión y crea otro térmico con ayudas para la calefacción, por ejemplo.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas