La tasación gubernamental de las 358 viviendas del santacrucero barrio de Añaza amenazadas por un posible desahucio colectivo se terminará esta misma semana, según desveló ayer a DIARIO DE AVISOS la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido.
“Será mañana [hoy para el lector], el jueves o el viernes, pero tendremos la tasación, lo que nos permitirá abrir la negociación formal para comprar estas viviendas”, detalló Valido en un receso del pleno del Parlamento de Canarias, cuya jornada inicial se celebró ayer. “Hay que tener en cuenta que el trabajo de tasación es imprescindible porque estamos hablando de dinero público y tenemos que respetar los procedimientos establecidos”, recordó la consejera regional.
Al disponer de la cifra que ofrezca el perito como valor común de estos dos bloques de viviendas, que cuentan con la calificación de protegidas hasta 2021, tendrá lugar una minicumbre del Ejecutivo autonómico en la que estarán representadas, explicó Valido, las áreas de Presidencia, Hacienda, Políticas Sociales y Visocan, que es la empresa gubernamental encargada de este capítulo. De esa mini cumbre saldrán las bases negociadores “con las que finalmente nos sentaremos a negociar con el Banco Santander”.
Cuestionada sobre si se tendrán en cuenta aspectos como la falta de mantenimiento de las viviendas denunciada por los vecinos o el derecho de tanteo preferencial con el que cuenta el Gobierno de Canarias hasta 2021, Valido explicó que “tendremos en cuenta todo tipo de circunstancias, pero hay que entender que se abre una negociación complicada a la que iremos a defender los intereses de los vecinos, no podemos sentarnos con el Santander enseñando nuestras cartas”.
Amenaza
Como recordará el lector, medios como DIARIO DE AVISOS se hicieron eco de la alarma de los vecinos ante la sospecha de que el Santander pretendía vender estas 358 viviendas a un fondo buitre llamado Cerberus en el marco de una macrooperación de unos 37.000 inmuebles repartidos por toda la geografía nacional para desprenderse de lo que se ha venido a llamar el ladrillo tóxico, por los inmuebles acumulados por parte de las entidades financieras ante el aluvión de quiebras que la crisis provocó en el sector de la construcción y el inmobiliario.
Ante semejante amenaza, el Gobierno de Canarias anunció un preacuerdo con el Santander para adquirir esas viviendas, edificadas con protección oficial en 2006 sobre suelo público facilitado por la empresa gubernamental Visocan.
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