En el momento más delicado de las relaciones entre la Justicia y la política en España, el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, atiende a DIARIO DE AVISOS y entra en harina sobre el actual episodio que ha convertido el caso Grúas en el caso Clavijo. Garrido no oculta su disgusto por las críticas desde el Gobierno autonómico hacia el papel de la Fiscalía sobre el desaforamiento del presidente canario y el retorno de la causa al Juzgado Número 2 de La Laguna. Y no esconde que, las insinuaciones vertidas desde el Ejecutivo y CC sobre este incidente, aludiendo a la posible intervención del Gobierno de Sánchez (PSOE) en las decisiones referidas al caso Grúas en Canarias, enturbian la imagen de la Justicia ante la sociedad. Las declaraciones de Garrido coinciden con un día marcado por la renuncia a presidir el Poder Judicial del también canario Manuel Marchena, como protesta, precisamente, contra la injerencia de la política en la Justicia y en defensa de la independencia de la misma.
-¿Nos podría hacer una cronología de la llegada del caso Grúas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)?
“El asunto entra por primera vez en la Fiscalía del TSJC el 4 de septiembre. Se hace un trabajo previo de elaboración, que es un trabajo de múltiples versiones. Además, nuestro estatuto obliga a poner en conocimiento del fiscal general del Estado cualquier asunto relevante o de gran trascendencia”.
-¿Cuándo se remite lo que se supone que es un trabajo preparatorio?
“Fue exactamente el día 18 de octubre, y ahí estamos hasta que la Fiscalía General del Estado concluye que remitamos el caso al Juzgado de Instrucción. Se presenta un único informe, después de nuestra elaboración y estudio definitivo, el 8 de noviembre”.
-Discúlpeme que insista, ¿es el procedimiento habitual?, ¿se ha tardado más o menos que otras veces ante un caso similar?
“La Fiscalía es un órgano colegiado y por nuestras normas de funcionamiento interno todos los asuntos que son despachados por cualquier fiscal de Canarias y de España tienen que ser supervisados y validados por el fiscal jefe. Ese es el trabajo normal. En asuntos de especial complejidad, y este lo es, tenemos que dar cuenta a la Fiscalía General del Estado. En esta causa ha habido vaivenes procesales dentro del procedimiento, es decir, no ha habido una actuación uniforme por los protagonistas del procedimiento; primero se archivó, luego presentaron recursos, después pasó a información reservada, llegó a la sala del TSJC y ahora se devuelve al Juzgado de Instrucción. El caso requiere de estudio y reflexión, porque el tamaño del procedimiento así lo aconseja: son 22 tomos”.
-¿Por eso se tardó casi dos meses?
“Estamos hablando de un asunto que entra el 4 de septiembre en la Fiscalía, y se emite un dictamen el día 18 de octubre, apenas transcurrió mes y medio. Si contamos hasta el 8 de noviembre, donde efectivamente se presenta el informe final, han transcurrido dos meses y dos días. No creo que en un asunto de esta categoría podamos hablar de dilaciones indebidas”.
-¿Cómo asiste a que el consejero regional de Justicia, José Miguel Barragán, o el propio presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, hablen de indefensión y citen un informe que aseguraban que era exculpatorio?
“Cualquier persona implicada en cualquier procedimiento tiene el derecho a utilizar los medios de defensa que considere oportunos, incluso, manifestaciones. Nada que objetar”.
-Bueno, estamos hablando del consejero de Justicia y del presidente del Gobierno de Canarias.
“En el plano institucional, cuando se pone en entredicho con las declaraciones el funcionamiento, o se pone en duda el funcionamiento de determinadas instituciones, creo que se hace un flaco favor a las propias instituciones. Quiero entenderlo, fundamentalmente, por desconocimiento de esos cargos públicos que desconocen el funcionamiento real del Ministerio Fiscal. Creo que debería hacerse un esfuerzo de conocer el funcionamiento estricto de una institución tan defensora de la Constitución como es el Ministerio Fiscal”.
-¿Ha sufrido usted muchas presiones en las últimas semanas?
“No, en absoluto. Creo que presión, como tal, no he sentido ninguna. Los compañeros que han participado en la elaboración de los informes correspondientes los han realizado bajo los criterios de legalidad e imparcialidad. No nos hemos visto sometidos o presionados para emitir nuestro dictamen, bajo ningún sentido”.
-Han sido acusaciones muy graves.
“Lamento que se ponga en tela de juicio o se cuestione el correcto funcionamiento de una institución, que es jurídicamente amparada por nuestra Constitución, por desconocimiento de nuestro funcionamiento. Poniéndose en duda, además, la actuación del Ministerio Fiscal y, en concreto, la del Fiscal Superior, como ha hecho algún medio de comunicación”.
-¿Tiene constancia de un informe del Consejo de Estado que podría dar pie a que el tribunal que debiera juzgar al presidente Clavijo fuera el TSJC?
“No conozco el informe en profundidad. Obedece a una petición que realiza el Consejo de Ministros del Gobierno de España para una reflexión en relación con la reforma constitucional prevista en materia de aforamientos. Creo que la conclusión apunta a que es preciso, si se produce la reforma constitucional, la existencia de una disposición transitoria que ampare y que dé cobijo a lo que la tesis aboga, que es por mantener el aforamiento de las personas aforadas, aún cuando haya una reforma. La disposición transitoria permite su enjuiciamiento ante el tribunal que le esté correspondiendo. Si llega a ser ley, no hay nada que decir al respecto”.
-¿Qué le parece el anuncio del presidente Clavijo de que emprenderá acciones legales contra la Fiscalía General Estado?
“Me parece correcto, porque en este país estamos en un estado de derecho”.
-Ese informe borrador que hizo su compañero Demetrio Pintado que supuestamente exculpa a Clavijo, ¿existe? ¿Es vedad que se le exculpa?
“Niego la mayor. Yo no he dicho, ni voy a decir nunca, el sentido de un informe que no existe como tal. En nuestro trabajo diario, como fiscales, se realizan múltiples versiones y múltiples correcciones a la labor que realiza un compañero. Al final, el que es, es el que se presenta ante la sala que nos lo requiere. En todas las versiones anteriores, ni se pidió una pena ni nada. La pena que se pide en un escrito de calificación es la que se pide en el momento en el que se entrega en el tribunal correspondiente”.
-¿Qué valoración hace del voto particular del presidente del TSJC?
“Lo único que digo es que no comparto ese voto particular, porque, lógicamente, la tesis del Ministerio Fiscal fue otra, que fue la que consideró la mayoría”.
-Pero por qué ha cuestionado ese voto particular…
“La argumentación que emplea me parece farragosa. Pero, por supuesto, está fundamentada. Es verdad que emplea es una disposición transitoria del Código Civil de 1889, pero es el Código Civil. Cuando dije que era un voto del siglo pasado, no lo dije de forma peyorativa”.
-Hemos visto que jueces y fiscales han ido a la huelga por la falta de medios y la injerencia política. ¿Cree usted que en este caso habido injerencia política?
“En lo que respecta a la Fiscalía, no. Pero, sembrar la duda respecto de la actuación referida a supuestas influencias externas al margen de nuestra función, creo que es una injerencia que no debería practicarse. No porque presionen, sino que da la sensación ante la opinión pública de que, efectivamente, el poder judicial, los tribunales y la Fiscalía están sometidos a una influencia. Si el consejero de Justicia de una comunidad autónoma duda de la actuación del Ministerio Fiscal y pone en su boca que esa actuación viene motivada por un vaivén o cambio político en el Gobierno de España, hace mucho daño, realmente. No siendo cierto, creo que se le hace un flaco favor al estado de derecho, porque se está poniendo en tela de juicio lo que tenemos de vanguardia en la defensa del Estado de derecho, que son los tribunales de justicia”.
-¿Flaco favor a la democracia?
“Bueno, claro, efectivamente. Poner en entredicho la independencia de los tribunales de justicia, incluido el Ministerio Fiscal, es hacer un flaco favor a quien está respetando, por encima de todo, el orden constitucional”.
-¿Entiende la insistencia del señor Clavijo en ser juzgado por el TSJC y no por el Juzgado de Instrucción lagunero?
“Lo ignoro, de verdad. Es una cuestión para el presidente del Gobierno de Canarias”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas