El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, firmó ayer con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, el convenio de carreteras, con vigencia de ocho años y una dotación de 1.200 millones, a regañadientes, después de la polémica de las últimas semanas y haciendo hincapié en los incumplimientos sobre acuerdos anteriores.
La firma, tras la que no se admitieron preguntas a los periodistas, estuvo presidida por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien dejó bien claro que el actual Ejecutivo central cumple con sus compromisos y que el nuevo acuerdo sobre carreteras “refleja la voluntad política” de ayudar a Canarias y, “en general, a todos los territorios”.
El ministro se refirió a los antecedentes para llegar hasta la firma y reconoció que ha habido “carga política no exenta de litigiosidad”, ya que Canarias había firmado otro anterior durante el Gobierno del PP y dos adendas, “que no han sido un ejemplo de colaboración”, pues, debido a los recortes, no cumplieron con las partidas que se debían aportar. El Gobierno regional recurrió ante los tribunales, y el Supremo les dio la razón, por lo que desde el Ejecutivo autonómico reclaman 2.145 millones: los 1.200 millones del nuevo convenio más otros 945 millones derivados de las sentencias.
El ministro dejó claro que “los antecedentes no le incumben políticamente al actual Gobierno”, aunque reconoció que la responsabilidad sí. Por ello, en el acto de ayer no se firmó ni la adenda de los 101 millones ni las obligaciones de 500 millones que considera justificadas el actual Ejecutivo central, sino exclusivamente el nuevo convenio por 1.200 millones. Ábalos añadió que no lo han hecho porque no han visto “soporte legal que lo avale” y tienen que actuar “en función de las obligaciones”, por lo que “no es justo que se impute al actual Ejecutivo los incumplimientos del anterior”.
El vicepresidente canario, que en la firma no hizo alusión a la disputa, indicó que se harán con esas inversiones obras prioritarias en todas las islas y supondrá una reactivación de la obras pública, con generación de empleo y mejora de la conectividad y de la seguridad. “Sin embargo”, continuó, “no vamos a renunciar ni a un solo euro que nos corresponde de forma legítima y vamos a trabajar para que se ejecuten las sentencias del Supremo que han estimado los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno canario, que suponen un importe de 945.549.761,71 euros”. De esta cifra, Hacienda reconoce obras por valor de 600 millones de euros, pero el Ejecutivo exige que se le abone la totalidad.
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