La portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, definió ayer de “inadmisible”, “insólito” y de una “bajeza inaceptable” que el Ejecutivo central paralice 30 millones en 2018 para la lucha contra la pobreza porque los ayuntamientos no gastaron todo el presupuesto destinado a este fin en 2017 debido a los “plazos inflexibles” que impuso el Ministerio. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Dávila criticó que “se pueda paralizar y detraer a Canarias 30 millones de euros de un plan de lucha contra la pobreza que está recogido en el REF”, porque hay un reintegro de 1,4 millones.
La consejera de Hacienda explicó que los ayuntamientos no pudieron ejecutar un anterior plan, de 11 millones, por culpa de los plazos que se dieron desde el Gobierno central. Incluso, recordó, “15 ayuntamientos de todos los colores políticos renunciaron a ejecutar el plan de lucha contra la pobreza” porque no disponían de margen de tiempo. “Hemos hecho todo lo posible por que se gastaran los recursos”, justificó Dávila. Reiteró que “es inaceptable que se paralicen 30 millones de euros que podrían haber sido perfectamente librados en verano y, “a día de hoy, nos diga el Ministerio que no va a librar los 30 millones y va a paralizar los fondos de la lucha contra la pobreza por un reintegro de 1,4 millones”.
La responsable de Hacienda recalcó que el impacto de la desigualdad en Canarias viene recogido en la documentación y los informes que se han elaborado.
Tal y como ha venido informando el DIARIO, la Administración autonómica se ve obligada a reingresar con intereses la mitad del dinero municipal para la lucha contra la pobreza. Los ayuntamientos ejecutaron en torno a tres de los seis millones de euros en las cuentas de 2017 destinados a reducir la exclusión social en la región. En las cuentas del año pasado, las corporaciones locales recibieron seis millones de euros y el Ejecutivo autonómico otros seis, doce millones en total, tras las negociaciones de Nueva Canarias para dar su apoyo a los Presupuestos nacionales de 2017. Respecto a los convenios pendientes de firmar con el Gobierno central, la portavoz concretó que “todavía” hay 474 millones pendientes de que se transfieran este año a Canarias para infraestructuras educativas, plan de lucha contra la pobreza, carreteras y obras hidráulicas. Dávila mostró su “extrema preocupación”, pues esta circunstancia “tiene un impacto directo sobre el empleo y la economía de Canarias”. Además, denunció que el Gobierno central no quiera firmar convenios plurianuales en Canarias y, sin embargo, trate de llegar a acuerdos “con los secesionistas” catalanes. “Todo nos hace pensar que está queriendo utilizar el margen de lo que no manda para Canarias para tratar de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas” y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y no convocar elecciones generales, reflexionó Dávila. Entre los acuerdos de la sesión semanal, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera para 2019, con el objetivo de unificar con los cabildos criterios y homogeneizar la actividad inspectora. Se pretende generar “importantes beneficios” para el sector, mediante “la mejora de la calidad del empleo, la minoración de la competencia desleal y a la consecución de una ordenación eficiente del transporte por carretera en Canarias”.
Acuerdos
El Ejecutivo autorizó el gasto para renovar el contrato del servicio de hemodiálisis para pacientes derivados del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, por los que destinará algo más de 4,9 millones de euros. Este servicio lo presentarán las entidades Clínicas del Sur S.L.U. y B. Braun Avitum Servicios Renales S.A.
Además, se decidió reembolsar algo más de 11 millones de euros en total a Naviera Armas (4.442.915,79 euros) y Fred. Olsen (6.625.000,32) por las bonificaciones efectuadas por las compañías en el tercer trimestre de 2018 por el transporte marítimo interinsular de viajeros residentes.
También se ha impulsado la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Consejo de Colegios de Abogados del Archipiélago por el que se da asistencia jurídica a los trabajadores del SCS que hayan sufrido algún tipo de agresión durante el desarrollo de sus funciones profesionales. Y se ha decretado la regulación del proceso de integración del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Esta acción se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en 2015 con el Ministerio de Hacienda sobre diversas actuaciones de coordinación.
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