El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, llevó ayer hasta Madrid la lucha de los vecinos laguneros para que el Gobierno central firme el convenio para la reposición de la urbanización de Las Chumberas, un trámite imprescindible para poder continuar con estos trabajos y que, de no llevarse a cabo, supondría la devolución de más de 12 millones de euros por parte del Consistorio al Ministerio de Fomento, algo que sería “terrible” para las 560 familias afectadas por este asunto, que dura ya más de 11 años.
El regidor lagunero trasladó personalmente al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la necesidad de que se firme dicho convenio de manera inmediata. “Estamos hablando de viviendas, de cientos de hogares y cientos de familias que padecen una situación intolerable desde hace años”, le aseguró el mandatario nacionalista al ministro durante un encuentro en el Ministerio.
El alcalde de La Laguna trasladó en persona las reivindicaciones de las 560 familias afectadas, plateando que no se devuelvan los 12,6 millones de euros que, en caso de que no se firmara el convenio, deberían reintegrarse al Gobierno central.
Díaz, tras su encuentro con Ábalos, agradeció la receptividad del ministro y la buena predisposición para llegar a una solución. “El ministro se ha hecho cargo de nuestras necesidades y lo tratará con el secretario de Estado, entendiendo la urgencia de las medidas y las fechas, ya que el convenio expira el 31 de diciembre”, resaltó el alcalde. En este sentido, José Alberto Díaz recalcó que “desde el Ayuntamiento jamás vamos a abandonar a estas personas. Vamos a estar a su lado siempre y no las abandonaremos”. Agregó que el Consistorio “ha hecho la tarea en este asunto, hasta ya hay una licitación provisional a una empresa para que comiencen los trabajos de inmediato”.
La intervención de esta primera fase en Las Chumberas supone una inversión de más de 25 millones de euros, que son aportados por el Gobierno de España (12,6 millones), el de Canarias (8,8), el Cabildo de Tenerife (2,5) y el Ayuntamiento de La Laguna (1,2). “Son precisamente esos 12 millones de euros los que se tendrían que devolver si no se firma el convenio”, recordó José Alberto Díaz. En esta primera fase está previsto demoler 10 bloques con un total de 160 viviendas y 12 locales comerciales. En la fase de construcción, en dos parcelas, se levantarían dos edificios con un total de 118 viviendas (64 y 54).
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