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La Administración autonómica canaria gana 2.156 empleados en seis meses

Ayuntamientos y cabildos incorporan en un semestre a 1.880 trabajadores, en contraste con los 2.278 efectivos que perdieron entre enero de 2017 y el mismo mes de 2018, según el Gobierno central

El número de empleados públicos asciende a 118.823 efectivos en Canarias, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas difundido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En comparación con enero de 2017, se observa una reducción de 2.152. No obstante, en seis meses se produce un incremento de 156 trabajadores. Por provincias, Las Palmas acumula 62.955 y Santa Cruz de Tenerife lo hace en 55.868. La distribución por administraciones públicas queda como sigue: 61.345, la autonómica; 29.164, la local (ayuntamientos y cabildos); 23.544, la general del Estado (AGE), y 4.770, las universidades. En relación a enero de 2017, la Administración de la comunidad autónoma gana 420 empleados. El incremento es mayor, de 2.156, si se toma como referencia julio del año pasado. La local registra un incremento de 1.880 en estos seis meses, en contraste con la resta de 2.278 entre enero de 2017 y el mismo mes de 2018. Mientras, las cifras de la AGE se reducen en 266 de julio a enero y en 397 efectivos en la variación interanual. Las dos universidades públicas pierden 103 en un año y 146 en seis meses (julio de 2017-enero de 2018).

En el conjunto de España se contabilizan los 2,58 millones de empleados públicos. La incorporación de 22.111 trabajadores durante los seis primeros meses del año supone un aumento del 0,86%. La cantidad más elevada desde 2013 continúa en la senda emprendida en 2016. En la AGE (ministerios y organismos autónomos exceptuando las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Justicia y entes públicos) ha disminuido en 1.309 personas (un descenso del 0,65%). Los aumentos más significativos se dan en las universidades, con 4.495 empleados públicos más (3,21%) y en las comunidades autónomas, con 14.754 más que a comienzos de 2018 (un aumento del 1,11%). En el primer semestre creció el empleo público en las entidades locales, que incorporaron a 1.608 trabajadores (+0,28%).

En Canarias, el Gobierno regional convocará a mediados de 2019 un total de 8.408 plazas, 7.198 en Sanidad y 1.210 en Educación, en la que será una de sus mayores ofertas públicas de empleo (OPE) de los últimos años para “reforzar los servicios básicos y reducir la interinidad laboral”. En Sanidad se cubrirán 6.078 plazas de la OPE de 2018, a las que se añaden las ya aprobadas en las convocatorias de 2016 (507) y 2017 (613). En Educación serán entre Primaria y nueve especialidades de los cuerpos de Maestros e Inspección Educativa. La OPE de 2018 para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios de la comunidad autónoma completa una convocatoria de más de 280 plazas para maestros en Educación Primaria, especialidad en la que no se realizaba desde 2009.

El Ejecutivo canario inició hace tres años una política de adelantar los pasos en los procedimientos selectivos para que los candidatos sepan cuanto antes si estará su especialidad.

En noviembre, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ofertó 57 plazas de acceso a la escala básica del Cuerpo General de la Policía Canaria. La convocatoria de 50 de estos puestos responde al mandato parlamentario de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, y las 7 plazas restantes, a la ejecución de la OPE de 2016.

En las negociaciones para las cuentas de 2019, el Gobierno de Canarias anunció que aumentaría en más de 220 millones de euros el gasto en personal para financiar la recuperación de derechos perdidos con la crisis y que se destinarían otros 70 millones a reducir la jornada laboral en Educación y Sanidad. En virtud de un compromiso suscrito con los sindicatos CC.OO., CSI.F y UGT, se traslada al Archipiélago el segundo Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo en el Sector Público de ámbito nacional firmado en marzo. A juicio de Intersindical Canaria, se trata de un “auténtico fraude”, porque considera que se intenta utilizar a estos trabajadores “como rehenes” en la pelea por la financiación entre los gobiernos.

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