La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado fuera del procedimiento por estafa y asociación ilícita a dos de los diez acusados que iban a ser juzgados a partir de ayer lunes en calidad de socios de John Palmer, asesinado en su casa británica en 2015 de varios disparos y conocido por sus actividades delictivas como Goldfinger. El juicio se celebra en relación a un fraude en la venta de apartamentos en multipropiedad (time sharing) y paquetes vacacionales que tuvo lugar en Canarias en los años 90, con cuartel general en Tenerife. El Tribunal entiende que para ellos, los delitos han prescrito.
Se trata del abogado del Colegio tinerfeño Ramón Solano, con despacho en Los Cristianos y muy conocido en el Sur de la Isla. Considerado hombre de confianza de Palmer, además de llevarle la asesoría jurídica se encargaba de supervisar los intereses de la organización fuera de España. El Ministerio Público solicitaba 8 años de cárcel para él por asociación ilícita y estafa además de multas de 26 meses a razón de 50 euros al día, pero la Sala entiende que ha prescrito.
La segunda absuelta es Christine Ketley, quien fuera sentenciada junto a Palmer en un tribunal londinense en 2001 a dos años de cárcel por conspiración para cometer fraude. Según el fiscal, se trataba de una persona de mucho peso en la organización del británico en Canarias. Pedía para ella 10 años de prisión por delitos de asociación ilícita, estafa y blanqueo y más de dos millones de euros de multa, pero el Tribunal, también en este caso, entiende que los delitos por los que fue acusada y detenida en 2008 ya han prescrito.
Además de dirimir las cuestiones previas, en la primera sesión del juicio prestó declaración uno de los principales acusados, dado que John Palmer ha fallecido. Se trata de Richard Cashman, considerado el lugarteniente de Palmer, pues constan en la causa una serie de faxes en los que él le encarga dirigir “todos los negocios” a la vista de que iba a entrar en prisión en Reino Unido, donde fue condenado a 8 años de cárcel.
Cashman mantuvo que era “simplemente un empleado”, que se encargaba del servicio de alquiler de coches, no del negocio de multipropiedad, y que “no tenía ningún poder de representación”, si bien ha reconocido que en ausencia de Palmer “alguien” tenía que firmar los cheques, porque, si no, “los empleados ni cobrarían”. Ha incidido así en que “sólo tenía autoridad” para pagar a los trabajadores. “Ese fax estaba únicamente dirigido a los tres administradores que trabajaban en la empresa simplemente, porque cuando yo iba allí a pedirles algo sobre la actividad de rent a car no me hacían mucho caso. Me quejé a Palmer y escribió un fax diciéndoles que me tenían que hacer caso porque, si no, yo no era capaz de gestionar nada”, aseguró Cashman.
Los acusados son: Richard Cashman, Keith Peter Davies, Dean Lawrence Wells, Darren John Morris, Paul John Murray, Jorge Maximiliano Gallart, Neil Campbell y Jacoba Klazina.
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