tribuna

La democracia amenazada

Antoni Puigverd dice en La Vanguardia que, en 2019, el nacionalismo español puede estar en disposición de aplastar a las minorías discrepantes. No menos de lo que lo hace el nacionalismo catalán, digo yo. De momento lo nacional es una posibilidad y lo otro es un hecho constatable. En Cataluña es evidente que la relativa mayoría independentista no respeta a la minoría, también relativa, que no lo es. Si atendemos a los resultados de las urnas, la mayoría representa al 48% frente al 52%, por esos milagros que tiene la ley electoral para torcer la realidad de las cosas. Es decir, que quien primero pone en riesgo a la democracia liberal es ese movimiento secesionista; porque, según Puigverd, y esto no es discutible, “la democracia liberal es la que respeta y protege a las minorías del furor y prepotencia de las mayorías”. Siendo esto así, cabe entender que la supuesta amenaza del nacionalismo español, que surgirá en 2019, no es otra cosa que la reacción a una situación de quiebra ya existente, donde el primer ejemplo se ha producido en Andalucía, a pesar de que todavía se siga negando desde Moncloa que estos barros provienen de aquellos lodos. Es difícil encontrar a un barón socialista que no lo reconozca.
El panorama que presenta no es muy halagüeño, teniendo presente la situación de los presos y otros aspectos judiciales pendientes que, según él, “inyectarán rabia, ofuscación y resentimiento en los catalanes independentistas”. Parece como si hubiera otra posibilidad política tendente a disuadir a los que pretenden engrosar el número de los adeptos que no consistiera en insuflar el odio en sus bases naturales, como si ese no fuera el objetivo de todo nacionalismo.

Todo esto se enmarca en la gran amenaza que supone para la democracia liberal en Europa (curiosamente ahora han salido liberales hasta debajo de las piedras) la aparición de grupos extremistas. No voy a negar que es altamente preocupante. Un editorial de El País culpa del descontento a un exceso de decisiones técnicas planteadas por las autoridades de la Unión sin contar con la legitimidad de la participación ciudadana. La participación ciudadana es, sin duda, una pieza clave en todo proceso democrático, pero no debe confundirse con los procedimientos de la llamada democracia real, en donde las recomendaciones técnicas, y hasta las legales, son corregidas por aquellas que provienen de los llamados mandatos populares. No olvidemos que uno de los debates presentes en Cataluña se basa en contraponer una legitimidad frente a la otra. A Puigdemont y a su alter ego Torra se les llena la boca con la obligación democrática de seguir las órdenes del plebiscito ilegal del 1 de octubre, como si el hecho de someterlo a la pantomima del refrendo, violencia y resistencia heroica incluidas, lo convirtiera en legal frente a los tribunales internacionales.

Todas estas cuestiones impregnan de incertidumbre al desarrollo pacífico del 2019 que ahora se inaugura. Estamos en lo mismo. El escenario no ha cambiado. Los argumentarios de las distintas opciones no han variado. Siguen diciendo que la salvación está en una panacea presupuestaria que va a traer felicidad a todos por igual, que colmará los deseos de todos los españoles, que acabará por sanar las heridas de las discrepancias y que integrará a todas las tendencias en una zona de interés común. A todos menos a los malos que vienen a romper el mundo, estén o no estén del lado de defender la Constitución, que, en un Estado de Derecho, es la garantía que hay que respetar por encima de todo.

TE PUEDE INTERESAR