El Tribunal de Jurado Popular dictó ayer martes un veredicto donde se considera a Alexander R.R. y a Sandra P.R. como responsables de la detención ilegal y posterior asesinato del conocido empresario tinerfeño Raimundo Toledo. Al tercero de los encausados (Diego Claudio G.G.) solo se le entiende autor de la detención ilegal, un delito que el interesado confesó desde el primer momento, al igual que siempre negó tener que ver con la muerte de Toledo ya que, asegura, se fue cuando aún estaba con vida tras participar en el traslado forzado de la víctima desde Santa Cruz a Arona, a lo que se prestó pensando que era para reclamarle una deuda que, en realidad, no existía. Así consta en el veredicto que se entregó en la tarde noche de ayer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y que recoge el acuerdo de los nueve miembros de dicho jurado, que fue adoptado por unanimidad.
“Dentro de lo que cabe lo consideramos un éxito, porque siempre entendimos que Diego Claudio no era un personaje central de esta terrible historia”, detalló anoche a DIARIO DE AVISOS un portavoz de la familia, para quien “se está haciendo justicia, aunque tenemos que esperar a la sentencia”.
Ahora será la magistrada ponente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife quien dicte dicha sentencia que, en todo caso, responderá a los parámetros de un veredicto donde sus miembros desaconsejan, además, que se beneficie a los condenados con un indulto u otra medida de gracia. Cabe recordar que tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones han pedido un total de 31 años de prisión para los autores del asesinato, mientras que las defensas ya han anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En concreto, Alexander ha sido considerado como responsable de los delitos de detención ilegal, asesinato, robo de uso de vehículo a motor y daños a vehículo a motor con incendio. A su vez, Sandra responderá por los delitos de asesinato, detención ilegal, daños con incendio y simulación de delito, mientras que a Diego Claudio se le achaca la autoría de la detención ilegal y robo de uso con la agravante de precio, recompensa y promesa por unanimidad.
Con su veredicto, el jurado considerado probado que Sandra, pareja de un sobrino de la víctima y amante secreta de Alexander, ideó el crimen para acceder a parte del dinero de Toledo. Para ello compró una pistola usada por Alexander y Diego Claudio en la detención ilegal del empresario, que tuvo lugar en Santa Cruz el 15 de diciembre de 2015, no sin que fueran detectados por un agente de la Unipol y que varios testigos vieran cómo el empresario forcejeaba. Esa misma noche, tras marcharse Diego Claudio, Alexander golpeó a Toledo hasta causarle la muerte, metió su cadáver en un coche que incendió y lo tiró desde el mirador de la Montaña de La Centinela.
Suficientes testigos y demás pruebas para una condena
Alexander llegó a perder mucho peso y dejar de fumar para despistar a los testigos, pero la acumulación de pruebas contra él eran suficientes para su condena, entre ellas la ausencia de coartada o su fuga posterior a Madrid, además del rastro dejado por sus móviles. A Sandra le traicionaron sus respuestas en el juicio.
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