caso grúas

El presidente que llegará imputado a las urnas

Fernando Clavijo, que en 2015 ya se salvó de ser investigado judicialmente por la pérdida de un papel, llena de nubarrones el futuro electoral de CC por un caso que arranca en 2004
DIARIO DE AVISOS inició en 2016 una serie de publicaciones sobre el caso Grúas
DIARIO DE AVISOS inició en 2016 una serie de publicaciones sobre el caso Grúas. DA

Ya estuvo a punto de concurrir a las elecciones de 2015 con el más que dudoso honor de ser el primer candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico de Coalición Canaria (y de cualquier otro partido relevante de las Islas) en llegar a una cita con las urnas teniendo la condición de imputado (ahora investigado) por la Justicia, pero la pérdida del papel donde se autorizaban las escuchas telefónicas que lo implicaban de lleno en el caso Corredor libró entonces a Fernando Clavijo de semejante trance.

Sin embargo, la pesada mochila con la que que carga por su etapa en el Ayuntamiento de La Laguna, primero como concejal de Seguridad Ciudadana (2003-2007) y luego como alcalde (2008-2014), ha provocado que, si se cumplen todos los pronósticos, Clavijo finalmente comparezca a las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de mayo bajo la espada de Damocles que supone ser investigado por un juzgado, esta vez por el llamado caso Grúas. Ello se debe a la providencia dictada ayer por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que además convierte al de Coalición Canaria en el primer presidente del Gobierno canario que es imputado mientras ejerce el cargo.

Atrás queda un largo proceso que arrancó en 2004, siendo concejal de Seguridad Ciudadana el hoy mandatario regional, cuando el empresario del sector José Padilla ganó el concurso y se hizo con la concesión del denominado oficialmente Servicio de grúas e inmovilización de vehículos de La Laguna. Tras constituirse al año siguiente como sociedad limitada unipersonal (a la que denominó Autogrúas Poli), el citado empresario logró en 2009 que el Ayuntamiento le concediera una prórroga por otros cinco años.

Aunque los devastadores efectos que la crisis provocó aquel año en el tejido empresarial canario tuvieron su influencia, lo cierto es que Padilla señaló directamente a la Corporación (ya con Clavijo como alcalde) como responsable de la delicadísima situación económica a la que se vio abocada su empresa, a tal punto que no tuvo más remedio que, dos años después, traspasar Autogrúas Poli a siete de sus empleados, de los que cinco ya reconocieron bajo juramento en el juzgado algún grado de relación con el propio Clavijo.

Lo cierto es que tal adjudicación no pudo resultar más perniciosa para este servicio municipal, dado que el mismo degeneró espectacularmente a partir de 2013. Los trabajadores no cobraban desde hacía meses y, como el alcalde Clavijo se negaba a recibirlos, se plantaron frente a su despacho, forzando así una cita a la que acudió el entonces concejal Díaz. Sin embargo, no lograron que el Ayuntamiento rescatase el servicio a pesar de los incumplimientos. Las deudas de la empresa se acumularon ese año (por ejemplo, 74.000 euros a Hacienda), y la Corporación local asumió la gestión finalmente en enero de 2014, dado el evidente riesgo de que La Laguna quedase sin servicio de grúas, y a pesar de que la normativa vigente les obligaba a retirar directamente la concesión, pues sus titulares habían cometido las irregularidades que justificaban tal decisión.

Pero Clavijo y Díaz buscaron otra solución, la referida intervención, que en mayo de ese 2014 se acompañó de un préstamo municipal de 120.000 euros para salvar Autogrúas Poli, a la que sorprendentemente se le renovó en agosto por otros cinco años. Cuando se produjo esta renovación, a los trabajadores se les adeudaba hasta nueve mensualidades.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la salida de los Juzgados de La Laguna
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la salida de los Juzgados de La Laguna

Son, precisamente, los tres decretos que firmaron Clavijo (dos) y Pérez Godiño (el restante, sustituyendo a Díaz, oportunamente de vacaciones) los que validaron el préstamo y la concesión, actos en los que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en auto dictado en noviembre de 2017, detectó indicios delictivos suficientes como para seguir investigando judicialmente este caso, anulando el sobreseimiento provisional del mismo que el juzgado quiso decretar cuando ni siquiera había practicado las pruebas más básicas para averiguar lo sucedido. De la misma opinión ya era el interventor municipal lagunero, quien puso unos reparos de legalidad a esos tres decretos que tanto Clavijo como Díaz optaron por levantar, en una decisión para la que recurrieron a contratar un informe jurídico externo a la Corporación local.

Sea como fuere, tras el referido auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la jueza lagunera actuó en consecuencia y, tras citar como investigados a Pérez Godiño y a José Alberto Díaz, ahora llega el turno de Clavijo. Pocos podían imaginar que cuando la diputada tinerfeña Melisa Rodríguez (Ciudadanos) propuso eliminar los aforamientos en el nuevo Estatuto de Autonomía, estaba condicionando el futuro procesal de Clavijo, dado que, eliminado el privilegio, el hoy presidente regional perdió sus posibilidades de que fuera el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que decidiera sobre el caso Grúas, por mucho que la defensa del coalicionero aún abogue por ello a través de un recurso que no frena la instrucción.

Cuando el próximo 15 de marzo Clavijo abandone los juzgados laguneros, seguirá imputado con toda probabilidad, dado que a estas diligencias aún le queda un tramo importante por resolver.

Ello se debe a que aún quedan pendientes numerosas solicitudes de las partes personadas en el proceso. Si las acusaciones populares impulsadas desde la oposición lagunera (Por Tenerife-Nueva Canarias y Unid@s se puede) han solicitado la imputación de tres técnicos municipales (los que dirigieron la intervención municipal del servicio, Alejandro Cordero y Antonio Vera, y la entonces directora de Seguridad, Rosario Hernández), desde las defensas de Díaz y Pérez Godiño se solicitan otros testigos, como, por ejemplo, la propia Hernández. El testimonio del que fuera primer titular de la concesionaria, el ya citado José Padilla, se antoja como muy relevante si se tiene en cuenta lo que ya contó ante la Guardia Civil y en la fallida comisión municipal que investigó estos hechos.

Como bien rezaba ayer un comunicado del gabinete de prensa del TSJC, “la autoridad judicial aún no ha hecho ningún pronunciamiento que comprometa su presunción de inocencia [la de Clavijo, se entiende]”. Faltaría más, dado que cualquier alumno de primer curso de Derecho sabe que solo una sentencia puede romper esa presunción de inocencia.

Pero la providencia de ayer resulta una pésima noticia para Clavijo y, por ende, para Coalición Canaria, abocada a unas elecciones autonómicas y locales donde los nacionalistas no parten como principales favoritos (las encuestas apuntan al PSOE como primera fuerza) y en las que, salvo un cambio radical en el actual escenario procesal del caso Grúas, acude con su mascarón de proa regional bajo investigación judicial.

Por si fuera poco, en el horizonte asoma el llamado caso Reparos, una suerte de caso Grúas multiplicado a la enésima potencia en lo relativo a ignorar las advertencias del interventor, y lo que surja de las gavetas de Muvisa. No son buenos tiempos para Clavijo. Ni para CC.

De la censura a la confianza, más los pactos que no podrán firmarse

Dada la cercanía de las elecciones, previstas para el 26 de mayo, no parece que Podemos pueda cumplir con su promesa de presentar una moción de censura contra Fernando Clavijo, para la que, además, le harían falta dos diputados más, pero su líder en Canarias, Noemí Santana, ya se postuló ayer para que el lagunero presente una moción de confianza ante el Parlamento autonómico. Allí, en la Cámara regional, le pedirán explicaciones desde el PSOE hasta el PP, pasando por Ciudadanos, un partido que se antojaba como posible aliado de gobierno de Coalición Canaria tras las elecciones, algo que, estando imputado Clavijo, no será posible, dado que tal pacto estaría vetado por el estatuto de la formación naranja.

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