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Santiago Pérez amplía la denuncia del caso Reparos con la ‘prórroga’ a Urbaser

El portavoz de XTF-NC asegura que, finalizado el contrato, la flota de vehículos de la limpieza pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, pero la empresa sigue cobrando lo mismo
Uno de los vehículos que sigue usando Urbaser en La Laguna y que, según el contrato, ahora son de titularidad pública. @LaLagunaLimpia

El llamado caso Reparos sigue ganando volumen judicial. De nuevo ha sido el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, quien ha ampliado su denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de Los Adelantados, en esta ocasión por la autorización de la continuidad del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a la empresa Urbaser, que, según afirmó ayer, “se lleva la palma”, a pesar de que en este caso no faltan ejemplos, precisamente.

Santiago Pérez recordó que, tras presentar la primera denuncia en enero de 2018, hace ya más de un año, “en junio habíamos aportado 114 decretos del Gobierno o la Alcaldía autorizando la continuidad en la gestión de servicios públicos municipales a empresas cuyo contrato se había extinguido. Todas sin título, a dedo, con la advertencia de ilegalidad formulada por la Intervención General de la Corporación”.

En este caso, la empresa Urbaser gestiona un servicio público prioritario: la recogida de residuos y la limpieza viaria. Son dos servicios distintos pero indisolublemente relacionados, que le fueron adjudicados en un concurso público en el año 2008, por un período de 8 años que admitía otros dos de prórroga legal. “Así ocurrió. Pero ese contrato con sus prórrogas legales terminó el 30 de octubre de 2018. Y la Alcaldía y la Junta de Gobierno han autorizado a Urbaser a continuar gestionando ese servicio hasta el mes de abril de 2019 o hasta que se adjudique y entre el vigor un nuevo contrato. Y hablamos de un concurso de un importe de 150 millones de euros, lo que significa que cada mes que Urbaser continúa gestionando ese servicio, sin título, factura al Ayuntamiento de La Laguna 1,36 millones de euros”, añadió.

Pérez consideró igualmente que se trata sin duda del servicio más importante y más caro de los que presta el Ayuntamiento con empresas interpuestas, de gestión indirecta, lo que en realidad es una forma legal de dar servicios públicos por empresas privadas a las que se les adjudica mediante un concurso basado en la libertad de concurrencia y en la igualdad para seleccionar la mejor oferta. Pues bien, “la decisión de autorizar la continuidad de Urbaser se ha tomado en contra de los informes de la Intervención General, como viene ocurriendo con muchos servicios en los últimos años”, apostilló.

El portavoz de este grupo opositor municipal añadió que “además se ha rizado el rizo, porque resulta que. según el contrato y el pliego de condiciones, en el momento de terminar el contrato, toda la flota de Urbaser pasaba a ser de propiedad municipal, de forma que el 30 de octubre de 2018 toda esa flota, que son furgones de alta presión, barredoras, cisternas, baldeadoras, palas cargadoras… es del Ayuntamiento”. Es decir, que “desde el 1 de noviembre Urbaser está prestando ese servicio con sus trabajadores, pero con una flota del Ayuntamiento, aunque le sigue cobrando lo mismo, y por tanto a los contribuyentes laguneros, como si siguiera prestando el servicio con su propia flota. Esto es un fraude inaceptable con la tolerancia del Gobierno municipal”.

Santiago Pérez recordó también que en 2012 el Ayuntamiento de La Laguna, presidido por Fernando Clavijo (CC), decidió exigir a las empresas que gestionaban servicios públicos una reducción de hasta el 20% de la facturación a la que tenían derecho porque ganaron el concurso. “La Alcaldía no tenía ninguna facultad legal ni contractual para imponer a las empresas la reducción de esa facturación. El contrato es la Ley entre las partes. Pero Clavijo empezó exigiendo a Urbaser una reducción de su facturación del 20%, que al final quedó en poco más del 6%”, explicó. “Sin embargo, entre otras contrapartidas, Fernando Clavijo autorizó algo completamente ilegal: Urbaser tenía la obligación contractual de reponer 46 vehículos de la flota. Era una de las condiciones del concurso. Y les autorizó a renovar exclusivamente 12 vehículos”, añadió. “Es decir, los liberó, al margen de la legalidad, de la obligación de reponer 34 vehículos de la flota, porque se entendía que ya su período de vida útil estaba agotado y su amortización cumplida. Y esto solo a cambio de que Urbaser sumara dos puntos porcentuales en la partida destinada a mantenimiento”. “Un total de 34 vehículos de altísimo coste, que constituyen la esencia de un servicio público que se presta utilizando intensamente bienes de equipo. ¿Por que si no cómo van a recoger la basura? ¿A hombros? ¿En sacos? ¿Y la limpieza viaria? ¿Con escobas y baldes?”, ironizó.

Pérez terminó preguntándose si “¿todo esto será a cambio de nada? Cuando en la práctica de la contratación pública se establece la ilegalidad es la antesala de todas las corrupciones imaginables: desde la gris o blanda, que consiste en enchufar gente, rellenar las plantillas de esas empresas de clientes de Coalición Canaria; hasta la negra o delictiva como la financiación irregular de los partidos políticos o sobornos, cohechos y cobros de comisiones ilegales”.

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