Caso Grúas

Anticorrupción se hace cargo de la investigación al presidente Clavijo

Todo apunta a que será la fiscal delegada provincial, María Farnés, quien liderará la acusación pública en las diligencias que se practican en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defiende su gestión desde 2015. / FRAN PALLERO

 

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, conocida popularmente como la Fiscalía Anticorrupción, ha presentado un oficio en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna para informar a su titular de que, a partir de ahora, se hará cargo de la acusación pública en el llamado caso Grúas.
Dicha decisión del Ministerio Público se produce como consecuencia de la imputación (ahora investigación) del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dado que es habitual que Anticorrupción se interese por aquellos asuntos de especial relevancia como el que nos ocupa. Incluso Santiago Pérez, el portavoz de la la acusación popular impulsada desde el grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), ya mostró públicamente su extrañeza de que no interviniese Anticorrupción en el caso Grúas cuando se imputó al sucesor de Clavijo al frente del Ayuntamiento lagunero, José Alberto Díaz, también de Coalición Canaria.
No en balde, el caso Grúas versa sobre la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción, como son la prevaricación administrativa, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias.

Como recordará el lector, la declaración como investigado de Clavijo ha sido aplazada sine die por la titular del juzgado lagunero tras enterarse por la defensa del presidente de la existencia de un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de no entender sobre el caso Grúas, habida cuenta que el nuevo Estatuto de Autonomía suprimió los aforamientos.

La incorporación de Anticorrupción a este procedimiento llevará aparejada, con total probabilidad, el relevo del actual fiscal del caso por la fiscal delegada de Anticorrupción para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, de reconocido prestigio; fue la encargada con un destacado papel del llamado caso Las Teresitas, cuya sentencia condenatoria está recurrida ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido al respecto.

María Farnés Martínez nació el 3 de febrero de 1959 en Santa Coloma de Farnés, y cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, siendo su primer destino como fiscal en San Sebastián, allá por los convulsos tiempos de 1986, con la actividad de la banda ETA en su máximo apogeo. Apenas dos años después llegó a Tenerife, donde ha desarrollado el grueso de una carrera profesional que le ha llevado a ejercer hoy como fiscal delegada provincial de Anticorrupción y teniente fiscal de la Audiencia Provincial.

 

La fiscal general opta por Luis del Río en lugar de Vicente Garrido

La fiscal general del Estado, María José Segarra, propuso ayer el nombramiento del fiscal Anticorrupción de la Audiencia de Las Palmas Luis del Río como nuevo fiscal superior de Canarias, en sustitución de Vicente Garrido, que ha desempeñado este cargo desde 2003.

Declarado el caso como complejo para ganar tiempo de instrucción

A solicitud de la Fiscalía y con la conformidad de las partes, la jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna declaró ayer como complejo al procedimiento abierto por el llamado caso Grúas, fórmula que se emplea para ganar más tiempo para la investigación en curso. Cabe recordar que el plazo límite de instrucción en los llamados casos complejos es de 18 meses a partir desde que son catalogados de tal modo.

Fue el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy el que impulsó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015. Desde esta reforma se distinguen dos tipos de plazos máximos, que no podrán ser rebasados por los Juzgados, en función de la complejidad de la causa penal: los previstos para los asuntos sencillos y los que corresponden a los asuntos complejos.

En los asuntos sencillos, las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación de las diligencias previas o de incoación del sumario.

Pero, como ocurre ahora con este caso Grúas, si la instrucción es declarada compleja, el plazo de duración de la instrucción será de 18 meses, que la instructora de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
De cualquier modo, las expuestas son normas de carácter general en las que caben determinadas excepciones que se encuentran regladas en la citada LECrim.

El TSJC resolverá sobre el recurso de casación la próxima semana

Si todo se desarrolla con la normalidad prevista, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resolverá la próxima semana sobre el recurso de casación presentado por el abogado defensor del presidente regional, Fernando Clavijo, contra la decisión del alto tribunal de no asumir la investigación judicial abierta por el llamado caso Grúas.

Según ha podido averiguar DIARIO DE AVISOS, si el TSJC no ha resuelto aún sobre dicho recurso al estar de baja la magistrada ponente en la Sala de lo Penal Carla Bellini. Reincorporada Bellini a su puesto de trabajo, la previsión es que, como se ha dicho, se comunique a las partes una decisión que, salvo enorme sorpresa, será la misma que la anterior, cuando Bellini y su compañera Margarita Varona impusieron su criterio al también presidente del TSJC, Antonio Doreste, quien expresó su disconformidad a través de un voto particular, en el que se reafirmará con toda probabilidad.
De confirmarse tal pronóstico, el recurso del abogado de Clavijo, que es de casación, será presentado ante el Tribunal Supremo.

Privilegio para eludir un tribunal ordinario

El motivo por el que la Sala de lo Penal del TSJC entendió que no es competente en el caso de grúas laguneras es que el nuevo Estatuto de Autonomía suprimió los aforamientos en Canarias, pero Clavijo se niega a perder tal privilegio para no ser enjuiciado por un tribunal ordinario, como ocurre con la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles.