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El Gobierno de Canarias vuelve a la carga con las incineradoras

El Plan Integral de Residuos (Pircan) contempla recurrir a esta contaminante solución y que los cabildos corran con la mayor parte del coste, previsto en 75 millones de euros cada una
Apilamiento de neumáticos usados en el Complejo Ambiental de Tenerife (antes Pirs), en el municipio de Arico.
Apilamiento de neumáticos usados en el Complejo Ambiental de Tenerife (antes Pirs), en el municipio de Arico.
Apilamiento de neumáticos usados en el Complejo Ambiental de Tenerife (antes Pirs), en el municipio de Arico. / DA

Conflicto medioambiental a la vista, algo que en Canarias no se toma, precisamente, como asunto liviano, y así se demostró cuando se quisieron instalar torres de alta tensión en Vilaflor. En esta ocasión retorna un fantasma que nunca ha terminado de irse, dado que el Gobierno de Canarias vuelve a la carga con la instalación de incineradoras en el Archipiélago para terminar con el acuciante problema de los residuos no eliminables ni reutilizables en los vertederos, cuyo límite legal previsto para 2035 no puede superar el 10%, tal y como dispone la UE. Para hacerse una idea de la gravedad del problema, hoy en día Tenerife está entre el 60 y el 70% y, aunque está prevista la implementación de nuevos sistemas, hay un 30% de dichos residuos que inevitablemente acabarán en la celda del vertedero. Luego, en consecuencia, hay que buscar un remedio para el 20% del, aproximadamente, millón de toneladas de residuos que produce Canarias al año.

Respecto a la posibilidad de recurrir a la incineración, está contemplado en el nuevo Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. Aunque no se detalla en el documento, los planes del Ejecutivo regional pasan por que dichas plantas incineradoras se sitúen en las dos islas capitalinas, y que sean sus respectivas corporaciones insulares las que sufraguen con la mayor parte de su elevado coste, que se estima en 75 millones de euros cada una. Ello puede provocar, además del rechazo popular, un conflicto añadido, por cuanto las islas no capitalinas acogerán con entusiasmo poderse librar de unos residuos para los que no tienen capacidad ni medios suficientes para eliminarlos. Este nuevo intento de recurrir a las incineradoras en Canarias se recoge, como se ha dicho, en el nuevo Pircan, concretamente en el apartado 7.3.2, que tiene como epígrafe Implantación del modelo, o modelos adoptados para la valorización de los rechazos provenientes de las plantas de TMB, y residuos no reciclables, donde por primera vez se alude expresamente a las incineradoras, un término que el redactor o redactores del documento se cuidan mucho de utilizar salvo cuando les resulta imprescindible, quizás conscientes de la polémica que va a suscitar este nuevo intento de instalar las incineradoras en Canarias tras el fracaso anterior.

Así, tras aclarar que “el Pircan apuesta claramente por la máxima reutilización y reciclaje de materiales y productos, como el mayor reto hacia una sociedad más sostenible, pero a la vez es necesario garantizar la correcta gestión de los residuos que actualmente se producen”, llegan los motivos por los que entienden necesaria su utilización: “Hay que tener en cuenta que las condiciones de lejanía, insularidad y fragmentación territorial limitan, por la existencia de barreras tecnológicas y económicas, objetivamente las capacidades del mercado a la hora de poder asumir determinados residuos y subproductos derivados de residuos”.
Es entonces cuando aparece la palabra maldita, al repasar la legislación vigente al respecto. Empieza con la mención de las directivas europeas, por ejemplo “la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), que expone disposiciones para instalaciones de incineración y de co-incineración de residuos”, para saltar a la normativa nacional, donde, siempre según el Pircan, cabe citar “el Reglamento de emisiones industriales, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. Mediante este real decreto se completa la transposición de la Directiva 2010/75/UE. En este sentido, el Capítulo IV del citado Reglamento de emisiones industriales de aplicación a las instalaciones de incineración y co-incineración de residuos que incineren o coincineren residuos sólidos o líquidos”.

Tal y como ha podido averiguar este periódico, personal del Cabildo de Tenerife preguntó, durante una reunión celebrada hace más de un año, si estaban hablando de instalar una incineradora en la Isla. La respuesta de sus interlocutores del Gobierno de Canarias confirmó que no solo se pensaba en una incineradora, sino en dos. Una en Tenerife y otra para Gran Canaria.

El coste

Tras aclarar, del modo descrito, que estamos hablando de incineradoras, en el Pircan se detalla inmediatamente después del citado repaso normativo, lo siguiente: “Todas estas tecnologías de última generación presentan un elevado coste de inversión y explotación, una primera estimación situaría en aproximadamente 150 millones [75 por cada incineradora] de euros la inversión máxima necesaria para unos proyectos con una capacidad global de tratamiento aproximada de 300.000 toneladas por año, si se ejecutaran en su totalidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En este caso, el compromiso del Gobierno de Canarias sería conseguir la mayor financiación posible mediante fondos de la Unión Europea para llevar a cabo su ejecución”.

Aquí cabe hacer un paréntesis, porque es sabido que la Comisión Europea ha decidido prohibir que los fondos europeos sean destinados a un remedio tan contaminante como una incineradora. Sin embargo, fuentes del Parlamento europeo han confirmado a DIARIO DE AVISOS que desde el Gobierno de Canarias ya se han realizado contactos para que se tenga en cuenta la ultraperificidad a la hora de hacer una excepción con Canarias en este sentido

La factura

Al final del epígrafe que nos ocupa, el Pircan pasa el grueso de la factura a los cabildos de Tenerife y Gran Canaria: “La inversión necesaria para la realización de estas actuaciones y proyectos deberá ser sufragada por los cabildos insulares, en proporción a la producción de residuos de cada isla que participase en estos proyectos. Siendo el compromiso del Gobierno de Canarias conseguir la mayor financiación posible mediante Fondos [en mayúsculas en el original] de la UE para desarrollarlos”. Eso sí, se añade que “en cualquier circunstancia [el Gobierno de Canarias] se compromete a firmar los convenios pertinentes como apoyo a dichas actuaciones, en función de las necesidades y posibilidades de cada momento”.

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