La Asociación Vecinal del Litoral de San Juan de la Rambla manifiesta su “profundo hartazgo” ante la pasividad y el abandono por parte del Ayuntamiento y del Cabildo de Tenerife respecto a la seguridad en la plaza Rosario Oramas debido a la “trampa” que suponen los imbornales o sistemas de drenaje por el peligro de tropiezos y accidentes.
Pese a haber enviado el año pasado escritos al Ayuntamiento y al Cabildo de Tenerife alertando del riesgo que tienen estasrejillas para los niños, carritos de bebé y personas con movilidad reducida, la situación sigue exactamente igual.
El presidente de la citada asociación, Juan José Moreno, detalla que la plaza cuenta con 13 imbornales, dos de ellos situados estratégicamente en la rampa de acceso para personas con movilidad reducida. “Las rejillas actuales poseen aberturas de tal magnitud que las ruedas de bicicletas, patines y sillas de ruedas quedan atrapadas de forma accidental, provocando caídas y lesiones”, declara.
“Ya sabemos que hay niños que se han caído por estos imbornales. No vamos a esperar a que ocurra una desgracia mayor para que alguien actúe. Si la administración no cumple con su deber de mantener la seguridad, responderá ante la justicia”, asegura el presidente.
Precisa que la asociación presentó un oficio formal el 30 de octubre de 2025 pero la Administración local “no ha movido un dedo”. Ni siquiera les ha respondido. Ante este silencio, el pasado 16 de febrero, los vecinos elevaron la queja al Área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, solicitando su intervención ante la “inacción municipal”, y tampoco han obtenido una contestación por el momento.
Pero lo más grave, a juicio de los vecinos de la zona, es la “contradicción de esta realidad con el discurso oficial, ya que el Consistorio ha publicitado a bombo y platillo la ejecución de planes de asfaltado e inversión en infraestruturas con un presupuesto de 570.000 euros para mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas”.
n este sentido, Moreno recalca que las inversiones anunciadas “no se están traduciendo en soluciones reales para quienes más lo necesitan”. Y como ejemplo, cita la rampa, “que se ve comprometida por estos mismos imbornales, convirtiendo una infraestructura de inclusión en una barrera insalvable y peligrosa”.
Debido a la falta de respuesta y a que la única decisión que se adopta por parte de las administraciones es “pasarse la pelotas unas a otras, la asociación ha decidido poner su despacho de abogados a disposición de las familias cuyos integrantes sufran cualquier tipo de lesión o accidente en este espacio “que se ha convertido en un escenario de riesgos constantes para los vecinos y vecinas más vulnerables”, subraya Moreno.
Por todo ello, la asociación exige al Gobierno municipal “la subsanación de estas deficiencias técnicas que ponen en riesgo la integridad de los niños, mayores y personas con discapacidad”.
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