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“No habrá justicia en el caso Las Teresitas hasta que se recupere el último euro”

La Asociación Justicia y Sociedad, que es acusación particular, pide que se recurra a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
Los letrados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa (Justicia y Sociedad). DA
Los letrados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa (Justicia y Sociedad). DA
Los letrados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa (Justicia y Sociedad). DA

“No habrá justicia en el caso Las Teresitas hasta que se recupere hasta el último euro saqueado al pueblo de Santa Cruz”. Así se manifestaron ayer los letrados Antonio Espinosa y José Pérez Ventura en nombre de la Asociación Justicia y Sociedad, que es acusación particular en un proceso cuya sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en abril de 2017, fue ratificada el pasado jueves por el Tribunal Supremo. Por la misma han resultado condenados el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, del mismo partido, ambos a siete años de prisión, así como dos empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González (cinco años y seis meses), y los técnicos José Tomás Martín y Víctor Reyes (cuatro años y medio, el primero, y cuatro años, el segundo). Para recuperar el dinero, Justicia y Sociedad anunció ayer que en los próximos días solicitarán “a la Fiscalía y a la Audiencia Provincial que activen la colaboración de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos prevista en el Decreto 948/2015 como órgano auxiliar de la Administración de Justicia para la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal”.

Además, Justicia y Sociedad considera que “en la recuperación del dinero malversado el tiempo es oro para evitar que los condenados (personas físicas y empresas) puedan tratar de eludir el pago de la indemnización”. Para la asociación, “la conducta del alcalde José Manuel Bermúdez ha sido de una grave irresponsabilidad, porque se ha negado a que el Ayuntamiento recupere cuanto antes una indemnización de 100 millones de euros”. Así, Justicia y Sociedad considera que, con dicha actitud, “Bermúdez ha dado un balón de oxígeno en forma de tiempo a sus compañeros de Coalición Canaria condenados”.

Por último, desde la asociación se “reconoce especialmente el papel de Ínsula Viable y sus integrantes como denunciantes del caso, el profundo trabajo de investigación realizado por el Grupo VII de la policía judicial, la titánica labor de la fiscal delegada de Anticorrupción en Tenerife, y la integridad y valentía de funcionarios como la arquitecta Pía Oramas, así como a aquellos que contribuyeron al pago de una fianza que les fue impuesta “con la finalidad de apartarnos del caso”.

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