La política territorial y de medio ambiente en Canarias se ha desenvuelto estos años por tierra, mar y aire. La Ley del Suelo, los vertidos incontrolados, las microalgas y las incineradoras han contaminado el ambiente.
El 29 de marzo de 2019, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, activó el Órgano de Evaluación Ambiental e Informe Único con la constitución de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, una de las dos comisiones que integran el órgano que sustituye a la Cotmac. El Registro de Planeamiento de Canarias permitirá “consultar cualquier instrumento de ordenación vigente, conocer su contenido y solicitar copias, tanto de modo presencial, como por vía telemática”. La Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo es “un instrumento de colaboración y apoyo” a la Administración autonómica, los cabildos y los ayuntamientos. Adscrita a la consejería competente, “unificará criterios interpretativos y de aplicación de las determinaciones urbanísticas a través de sus informes, dictámenes y recomendaciones”. El Parlamento aprobó la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias el 21 de junio de 2017 con los votos de la mitad de la Cámara (CC-PNC, PP y ASG) tras debatirse las casi 400 enmiendas que habían quedado vivas. El PSOE, Podemos y Nueva Canarias combatieron una legislación que, en palabras de Nayra Alemán, se elaboró “a espaldas de la ciudadanía” y abre la puerta “al peor desarrollismo urbanístico”. Concepción Monzón sentenció que solo beneficiaría a los grandes propietarios, al “desregular y desaparecer” la ordenación: “No engañen a la gente con que es la panacea de la creación de puestos de trabajo. Se legisla para que lo que no se podía hacer se convierta en carta blanca para quien tenga dinero”. Luis Campos resumió que los aspectos negativos son mucho mayores que los positivos, como la regulación de los usos residenciales turísticos: “Rompe el proyecto común de Canarias al debilitar el papel de los cabildos, no partir de un diagnóstico claro y no está basada en el consenso”. Lo calificó de derrota en términos políticos: “Fernando Clavijo es el primer presidente canario que saca una ley tan nuclear sin consenso con una mayoría pírrica de 33 diputados frente a 27”. Barreto vislumbró un futuro de progreso: “Canarias está en un momento clave para su historia. Toca mantener su inercia o cambiar su ritmo para explorar nuevas oportunidades. Esta ley consolida el 50% del suelo y garantiza la seguridad jurídica de las inversiones”. En los prolegómenos del pleno, la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible, el PSOE, Podemos y NC declararon una “lucha sin cuartel” con los instrumentos del Estado de derecho. Cinco meses después, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso interpuesto por más de cincuenta diputados de Unidos Podemos en el Congreso contra la ley, de la que se cuestionaban 24 de sus 408 artículos y una disposición transitoria.
La “fuerte contestación” (Román Rodríguez) a Clavijo tuvo una respuesta en forma de “autobombo obsceno con dinero público” (Noemí Santana): “La ley democratiza el urbanismo y lo hace más transparente, a diferencia del modelo anterior, muy dado a la corrupción”.
El concejal lagunero Santiago Pérez (ex del PSOE) celebró que el Estado metiera las cabras en el corral: “Las bravuconadas que intentaron aquí durante la tramitación de la ley se han transmutado en reverencias ante los requerimientos [en la reunión bilateral convocada para zanjar diferencias que eludieran la intervención del Tribunal Constitucional]. Pretendían legislar de manera que las decisiones administrativas se situaran lo más lejos posible del alcance de la ciudadanía y de su derecho a ejercitar el control judicial, que en materia medioambiental está especialmente reforzado”.
El 2 de octubre de 2018, la oposición se unió para exigir al Gobierno regional un plan integral contra los vertidos, de los que se habían contabilizado 278 no autorizados. Barreto admitió que no iban a estar las depuradoras “pasado mañana”, aunque recalcó que se trabajaba en la solución de un “problema histórico”. Entre denuncias, amonestaciones y multas de la Comisión Europea a España, técnicos del Ejecutivo canario entregaron en enero de 2019, en Bruselas, los siete planes hidrológicos de segundo ciclo, para su adaptación a la Directiva Marco del Agua Europea, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, informó el 25 de marzo de la conformidad sobre los convenios con las corporaciones insulares para obras de depuración y saneamiento, por un montante de 10 millones a cargo de los Presupuestos nacionales de 2018.
El 7 de septiembre de 2017, José Manuel Baltar (Sanidad) y Lady Nieves Barreto salieron del “escondite” y comparecieron por la floración masiva de cianobacterias Trichodesmium eritreum en las costas: “Se debe a causas naturales y no ha afectado a la salud de la población”.
La acalorada discusión, ¡de joroba!, sobre la desmentida instalación de dos incineradoras para la gestión de los residuos provocó una humareda como una catedral. Saltaron chispas.
Cierre simbólico de playas
En agosto de 2018, activistas de Greenpeace que viajaron en el buque Esperanza protagonizaron un cierre simbólico de tres playas de Tenerife para protestar por la “grave contaminación” de las aguas. En Granadilla de Abona y Candelaria, colocaron balizas y carteles con el mensaje “Playa contaminada por urbanismo salvaje” y “La playa no es una cloaca”. Para detectar el vertido de residuos, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural aplicará un sistema de inteligencia artificial, diseñado en Grafcan, que identificará automáticamente cambios en el territorio a partir de ortofotos (imágenes aéreas corregidas geométricamente).
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