La vida

Una forma de entender la existencia, de materializarla en un compromiso y una posibilidad, es incluirla como un factor integrado en un presupuesto, es decir, asignarle un valor económico que sea cuantificable tanto en su medición real como en la estimación potencial de sus consecuencias. En este aspecto, la vida viene necesariamente vinculada a una cifra, y esto, que parece desproveerla de todo sentido trascendente, es la aproximación más acertada a un concepto estrictamente material de lo que somos, que es como al mundo moderno le gusta verlo. Para llegar a esta conclusión es necesario negar el componente espiritual -el alma- de la simbiosis con que la filosofía tradicional y las religiones han entendido a la entidad humana, incluyendo recientemente a la animal, y, andando el tiempo, a algunas especies vegetales que sean susceptibles de ser amadas, como las plantas de compañía, que también las hay. ¿Cuál es el valor del alma? Su cálculo entra en el terreno de las valoraciones de lo etéreo, es decir, se pierde en las nebulosas de la elucubración. Para el cómputo de nuestra concreción más vulgar, de lo exclusivamente somático, podíamos utilizar un dato genérico teniendo en cuenta las indemnizaciones que nuestras leyes estiman para los casos de muerte en accidente laboral: 115.000 euros para el cónyuge, 47.800 para hijos de dieciséis años, 9.560 para los de veintiocho y 9.560 para cada uno de los padres.

Es bien poco el valor de una vida, pero aparte de su escasez, es injusto, porque no en todos los países es equiparable y no responde a la igualdad consagrada como derecho constitucional, porque, en base al desempeño de la función laboral, la capacidad económica e intelectual, y otras consideraciones sociales, las diferencias entre los valores asignados a la vida de cada persona son enormes.
En las sociedades desarrolladas, donde el estado del bienestar es una necesidad irrenunciable, el factor potencial del valor de la vida se relaciona con los costes que ocasiona el mantenimiento de un estado óptimo de salud de la población. Es decir, será más económico atender a unos ciudadanos saludables que a otros que precisen continuamente de los servicios sanitarios. Por eso las políticas de salud están encaminadas a preservar un equilibrio presupuestario antes que cualquier otro aspecto. Por ejemplo, las medidas antitabaco se han calculado por su repercusión en la disminución en el tratamiento de enfermedades respiratorias y del cáncer de pulmón, que inciden directamente en el gasto público. Lo mismo ocurre con determinadas políticas medioambientales, que pretenden obtener un ahorro efectivo sobre la cuenta global de la Sanidad. Todo tiene su traducción económica, siendo el beneficio efectivo el que influye en la adopción de medidas aparentemente protectoras de nuestra integridad, cuando lo que hacen realmente es garantizar que los costes no se disparen.

No hay que hacer referencia, por lo obvio, al valor que tiene el sacrificio de la vida en una confrontación bélica o en las purgas de un proceso revolucionario. En este caso, siempre existirá una causa superior que justifique los perjuicios, tanto para premiar a los héroes como para castigar a los villanos. Las víctimas, en su última consideración, también serán objeto de una cuantificación económica, incluyendo los gastos del homenaje con el llanto compungido de un violoncelo. En definitiva, el valor de la vida siempre ha estado vinculado a objetivos del bien común, a pesar de que se haya consagrado como una entidad de riqueza incalculable. Sí que tiene cálculo, y, por lo visto, es más escaso del que pensamos. Por este motivo exclusivo no considero tan urgente que ahora nos pongamos a discutir sobre eutanasia. Al final, corremos el riesgo de que acabe convirtiéndose en un asunto de economía.