Tiene 40 años y es el más joven de la veintena de vecinos que viven en El Cercado, uno de los 10 asentamientos agrícolas que se ubican dentro del Parque Rural de Anaga. Se llama Andrés Hernández, y es el representante vecinal de los habitantes del sur del espacio que también es Reserva de la Biosfera. Tiene claro que, sin luz, sin agua o sin cualquier otro tipo de servicio básico, como es el caso de El Cercado, es complejo incentivar a que la gente más joven quiera quedarse o mudarse a uno de estos asentamientos. Para llegar hasta la casa de Andrés hay que desviarse del camino de El Cercado, que parte desde San Andrés, y subir unos 50 metros por una empinada pendiente de cemento. Unas 37 casas se ubican en este punto, según los registros del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural (PRUG) de Anaga. Los paneles solares asoman en las azoteas de las viviendas y los aljibes son la forma en la que estos vecinos almacenan el agua que muchos cogen directamente del barranco. “La almacenas en el aljibe, la tratas, le pones cloro y ya la puedes usar para lavar la ropa, la losa o para la ducha”, explica este vecino. La de consumo la traen desde San Andrés.
Según la información que proporciona el Cabildo de Tenerife, encargado de la gestión del parque, son 26 los núcleos de población que se distribuyen en su interior y en los que viven algo más de 2.000 personas, asentamientos todos ellos de carácter rural. Esto hace que puntos como Taganana o Almáciga cuenten con servicios básicos como el agua, la luz o la recogida de basura. A estos 26 hay que sumar los 10 asentamientos agrícolas, de forma que, junto a El Cercado, aparecen otros como Cho Eugenio, Los Catalanes o Valle Grande. Todos ellos formados por casas dispersas en las laderas de Anaga y que vienen a sumar cerca de unos 200 vecinos. Pero, como recuerda Andrés, hay otros que ni siquiera figuran en las estadísticas oficiales, como son los de El Cresal y Payba, ambos con viviendas y vecinos vinculados a la producción agrícola.
“Las condiciones en las que estamos son un agravio comparativo con el resto de vecinos de Santa Cruz”, se lamenta Andrés. “Pago mi contribución, mi rodaje, pero el agua y la luz se quedan a pocos kilómetros. Nos dicen que traer la luz hasta El Cercado es muy caro, que cuesta más de 220.000 euros, pero en tirar el viejo bar de Taganana se gastan bastante más o en hacer la pista de Los Catalanes para dar servicio agrícola a cuatro casas. Ahí se gastaron 650.000 euros. Es una cuestión de prioridades”.
Andrés y sus vecinos entienden y comparten la idea de que vivir en un Parque Rural como el de Anaga, también Reserva de la Biosfera, debe tener una serie de limitaciones encaminadas a su protección, pero no que eso les impida tener los servicios básicos que posee cualquier otro vecino, máxime cuando algunos llevan allí desde mucho antes de que se creara la figura administrativa del Parque Rural.
Las restricciones a las que se enfrentan estos vecinos, además de las de carecer de luz y agua, tienen que ver con cuestiones como la prohibición de usar maquinaria pesada, el uso de determinados materiales para la construcción de muros o la solicitud por duplicado de licencias y permisos al Cabildo y al Ayuntamiento de Santa Cruz. “No hay ayudas por vivir dentro del parque rural. Todos los que vivimos aquí tenemos luz por las placas solares, que hemos puesto de nuestro bolsillo, sin ningún tipo de ayuda. Para el agua te tienes que buscar la vida y las aguas negras, a un pozo. Estamos 30 años por detrás del resto”.
La administración
Preguntado por la legalidad de muchas de las viviendas que se alzaron en la década de los ochenta, Andrés responde que no le extraña, porque “aquí no te dan permiso para nada”, y se pone como ejemplo: “Para arreglar la pared de una huerta que hizo mi abuelo tuve que sacarme el alta de promotor inmobiliario, pagar 140 euros de licencia y sacar la de tratamiento de residuos para una pared de piedra seca”, dice casi con incredulidad mientras muestra el muro a medio terminar para el que ha pedido la licencia. Andrés interrumpe la conversación para ir a apagar el walkie talkie que cuelga de la pared. “Lo tengo encendido por si se presenta una urgencia. En el parque hay muy poca cobertura y yo desde aquí puedo llamar a los recursos de emergencia si es necesario”. Otra carencia más.
Ya en el interior de su casa, este vecino muestra una de las tantas contradicciones del PRUG: “Cuando miras las fichas de los asentamientos, ves que donde pone los servicios que tenemos aparecen todos: luz, agua, alumbrado público y hasta recogida de basura”, comenta casi exclamando. “Si vas ahora a las carencias, resulta que repiten exactamente las mismas cosas”, concluye sonriendo casi sin ganas. En base a esas incongruencias, asegura que llevan más de 200 escritos por registro de entrada en el Cabildo y el Ayuntamiento. La respuesta hasta el momento ha sido el silencio administrativo, “nunca contestan”, apostilla.
“Ten en cuenta que la persona más mayor que tenemos aquí es Pepe Múgica, con cerca de 97 años, y lleva toda la vida, así que ya ves la antigüedad de este asentamiento. Una vez me preguntaron desde Urbanismo que qué historial de habitabilidad teníamos, y si miras las datas del Cabildo, creo que eran del 1560 las primeras referencias. Estamos hablando de lugares como San Andrés y Taganana, que hasta 1600 tuvieron más habitantes que Santa Cruz, que era un puerto de caballos. Y nos vienen a preguntar que cuál es nuestra historia”.
El futuro
Andrés mira a su alrededor, donde las producciones agrícolas proliferan, y reflexiona: “No hay fondos para el desarrollo rural, y sin infraestructuras básicas es muy difícil. La gente está quemada, y lo que consiguen las Administraciones es el abandono. Yo soy el más joven de aquí y tengo 40 años, y lo que piensas es en quién te va a venir a vivir aquí en esta condiciones. Cuando Lolo, que tiene 50 años, se vaya, o se muera Pepe, va a venir el extranjero a comprar su vivienda vacacional y la agricultura desaparecerá. Mientras, se habrán gastado todo en cartelitos de Reserva de la Biosfera”. Andrés confía en que no haya que esperar otros 30 años para conseguir servicios básicos.
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